La formación llevará al pleno la situación de uno de los principales patrimonios culturales de la ciudad y también preguntará por el estudio de capacidad de carga turística, encargado por el Ayuntamiento a Santander Destino y licitado por más de 37.800 euros
Izquierda Unida (IU) llevará al próximo pleno municipal de Santander una serie de preguntas para exigir al equipo de Gobierno del PP un calendario claro, verificable y actualizado para la reapertura de la Biblioteca y Casa-Museo de Menéndez Pelayo, tras años de retrasos, fondos trasladados, obras no culminadas y falta de acceso ordinario suficiente a uno de los principales patrimonios culturales, bibliográficos e históricos de la capital.
El concejal de la formación en el Ayuntamiento de Santander, Keruin Martínez, ha recordado que la Biblioteca Menéndez Pelayo “no es un equipamiento municipal cualquiera”, sino un patrimonio singular vinculado al legado de Marcelino Menéndez Pelayo y a una colección de enorme valor, con decenas de miles de volúmenes, manuscritos, incunables, documentación histórica, fondos hemerográficos, piezas museísticas y otros materiales de interés cultural.
La formación ha advertido de que, desde al menos 2019, con el traslado de sus fondos para preparar la rehabilitación, la biblioteca permanece sin funcionamiento ordinario pleno, afectada por un proceso de obras que no ha culminado y sin una fecha clara de reapertura. A ello se suman las distintas incidencias conocidas durante estos años, entre ellas la modificación del proyecto inicial, nuevas exigencias vinculadas a la conservación y seguridad de los fondos, paralizaciones, la renuncia de la empresa adjudicataria y la posterior tramitación de un proyecto refundido.
Por ello, IU preguntará en el pleno por el estado administrativo exacto del proyecto refundido, los trámites e informes pendientes, las últimas comunicaciones mantenidas con el Gobierno de España y el Gobierno de Cantabria, la previsión de licitación estatal durante 2026, el calendario de obras y la fecha estimada de reapertura.
Martínez también pedirá explicaciones sobre el estado actual del edificio tras años de obras no culminadas y paralizaciones, así como sobre las condiciones de custodia de los fondos bibliográficos, documentales, hemerográficos, museísticos y artísticos, los trabajos de catalogación, restauración o digitalización realizados desde su traslado y los servicios de consulta disponibles actualmente para investigadores y ciudadanía.
“Una ciudad que presume de cultura no puede mantener durante años uno de sus principales patrimonios bibliográficos sin calendario claro de reapertura ni información suficiente sobre el estado de sus fondos”, ha señalado Martínez, que ha insistido en que “la concurrencia de varias administraciones no puede convertirse en una excusa para la falta de información, la dilación indefinida o el intercambio de responsabilidades entre ellas”.
AÑOS NEGANDO LA PRESIÓN TURÍSTICA PARA ACABAR ENCARGANDO UN ESTUDIO DE SATURACIÓN
En la misma sesión plenaria, Izquierda Unida también preguntará por el estado de ejecución del ‘Estudio de capacidad de carga turística y escenarios de potencial saturación en el municipio de Santander’, licitado por Santander Destino, Empresa Municipal de Turismo, por un valor estimado superior a los 37.800 euros.
Para Martínez, la propia existencia de este contrato confirma que Santander “necesita herramientas objetivas para medir el impacto real de la actividad turística sobre los barrios, la vivienda, la movilidad, las playas, los espacios naturales, los servicios públicos, la convivencia vecinal y los recursos patrimoniales”.
Igualmente, el edil ha recordado que su formación lleva años reclamando medidas concretas ante el crecimiento de la presión turística, desde la regulación de las viviendas de uso turístico hasta la implantación de una tasa turística. “El Ayuntamiento no puede seguir dando bandazos entre negar el problema, encargar estudios y después no aplicar ninguna medida real”, ha criticado.
Por ello, IU preguntará si el estudio ya ha identificado zonas o temporadas con riesgo de saturación, si se han recibido fases parciales del contrato, cuándo se remitirá una copia íntegra a los grupos municipales y si sus conclusiones se harán públicas. También pedirá saber si el resultado se trasladará a alguna ordenanza, plan turístico, regulación de playas, planificación de movilidad, política de vivienda turística o instrumento de gestión municipal.
Martínez ha subrayado que “si el Ayuntamiento encarga un estudio sobre capacidad de carga turística, no puede ser para guardar otro informe en un cajón, sino para tomar decisiones sobre vivienda turística, movilidad, playas, servicios urbanos, comercio y convivencia vecinal”.
En este sentido, IU considera que los datos del estudio deben servir también para abrir de una vez el debate sobre la implantación de una tasa turística, que “ayude a sufragar el sobrecoste en los servicios públicos y se use para aliviar la saturación de estos en temporada estival”, y que “controlar los pisos turísticos ilegales, del mismo modo que llevamos años reclamando”.
De igual modo, Martínez ha defendido que la delimitación y duración de las zonas de gran afluencia turística se ajuste a la realidad efectiva de Santander, y no se utilice como una liberalización generalizada de horarios sin motivos.
“Después de años minimizando la presión turística y sus efectos, el PP encarga ahora un estudio para analizar precisamente puntos de fricción, presión humana máxima y escenarios de potencial saturación. La pregunta es evidente: si el problema no existía, ¿por qué se estudia ahora? Y si existe, ¿qué medidas piensa adoptar el Ayuntamiento?”, ha planteado Martínez.
Para Izquierda Unida, ambas preguntas responden a una misma exigencia: que Santander deje de funcionar a golpe de anuncio y empiece a gobernarse con calendarios verificables, datos públicos y medidas concretas. “Hablamos de una biblioteca histórica sin fecha clara de reapertura y de un modelo turístico que necesita datos y regulación. Son cuestiones distintas, pero reflejan el mismo problema de fondo: falta de planificación, falta de transparencia y falta de rendición de cuentas”, ha concluido.