La formación reclama una revisión urgente de todos los procesos selectivos abiertos para evitar más nulidades, costes e incertidumbre para trabajadores, aspirantes y servicios municipales
Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Santander ha advertido de que las últimas resoluciones judiciales vinculadas a procesos selectivos municipales evidencian “un problema estructural de seguridad jurídica” en la gestión de Recursos Humanos del equipo de Gobierno del PP.
El concejal de IU, Keruin Martínez, se ha referido tanto a la sentencia conocida sobre las bases de la Policía Local como a una nueva resolución, a la que ha tenido acceso la formación, y en la que se estima sustancialmente varios recursos contra las bases de estabilización del empleo temporal municipal.
Martínez ha señalado que “hace tiempo que no podemos hablar de un error puntual ni de una discrepancia técnica aislada, sino de una sucesión de procesos mal planteados, bases corregidas por los tribunales y decisiones que generan inseguridad a trabajadores, aspirantes y servicios municipales”.
En esta última sentencia sobre las bases de estabilización, el juzgado corrige criterios que considera desproporcionados, como la diferencia de puntuación entre la experiencia prestada en el Ayuntamiento de Santander y la acreditada en otras administraciones públicas. La resolución recoge que las bases llegaban a triplicar la puntuación mensual por servicios prestados en el propio Ayuntamiento frente a otras administraciones sin justificarlo, y fijaban además un límite máximo muy inferior para estas últimas, sin que la administración demandada justificara ese trato diferenciado.
Martínez ha subrayado que IU “no cuestiona en ningún caso la necesidad de estabilizar empleo público”, sino “la falta de rigor de un equipo de gobierno que tenía que garantizar bases sólidas, objetivas y jurídicamente seguras”. “Precisamente porque estos procesos afectan a derechos laborales, carreras profesionales y servicios públicos esenciales, el Ayuntamiento no podía permitirse aprobar bases vulnerables que acaban generando litigios, costes e incertidumbre”, ha afirmado.
La formación considera que esta nueva sentencia no puede analizarse de forma aislada, después de que se haya conocido también una resolución que obliga al Ayuntamiento a reformar las bases de un proceso de promoción interna de la Policía Local por no ajustarse a la legalidad ni a los principios exigibles en el acceso al empleo público.
Según la información publicada, el fallo obliga a modificar dichas bases al considerar que no se ajustaban a la legalidad ni a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia.
“A estas alturas, el PP ya no puede refugiarse en explicaciones técnicas ni tratar cada caso como una incidencia aislada”, ha afirmado Martínez, que ha criticado directamente la forma del Partido Popular de gestionar Recursos Humanos. “Están generando inseguridad jurídica, obligan a trabajadores y aspirantes a defender sus derechos en los tribunales y terminan trasladando al Ayuntamiento una factura económica, organizativa e institucional que era evitable”, ha señalado.
Esta situación se suma a otros episodios ya denunciados por IU, como las sucesivas sentencias y reclamaciones contra el Ayuntamiento por derechos laborales no reconocidos, diferencias retributivas, desempeño de funciones superiores o problemas en la clasificación de puestos.
La formación recuerda que ya reclamó en pleno municipal conocer el coste económico, jurídico y organizativo de esta gestión, incluyendo procesos anulados, plazas caducadas, indemnizaciones, atrasos, intereses, costas judiciales y nuevas reclamaciones abiertas, y que “un cálculo externo y sin todos los datos revela que pueden superar los 2 millones de euros”.
De igual modo, ha recordado que el pasado mes de enero ya pidió el cese del concejal de Recursos Humanos y del director general del área tras la anulación judicial del proceso selectivo de diez plazas de auxiliar administrativo, que afectó a más de un millar de aspirantes y retrasó la incorporación de personal necesario para reforzar servicios municipales. Una petición que también fue llevada al Pleno municipal mediante una moción que reclamaba responsabilidades políticas y la convocatoria de la Comisión de Administración, Buen Gobierno y Participación.
“Cada proceso que se anula, cada plaza que caduca, cada servicio que queda sin cubrir por falta de personal y cada sentencia que se pierde no es solo un problema administrativo: es tiempo perdido para los aspirantes, derechos laborales bloqueados, servicios públicos debilitados y dinero público destinado a corregir errores que pudieron evitarse”, ha advertido Martínez.
Por ello, la formación considera que el Ayuntamiento debe actuar antes de que se produzcan nuevas impugnaciones, y no limitarse a reaccionar cuando las sentencias ya han causado perjuicios. En consecuencia, IU reclamará al equipo de gobierno una revisión urgente de todos los procesos selectivos abiertos, pendientes de convocatoria o en fase de ejecución, con informes jurídicos específicos sobre sus bases, criterios de valoración, pruebas, anonimato, desempates y plazos de ejecución.
“Los vecinos tienen derecho a saber por qué el Ayuntamiento acumula tantos problemas judiciales en Personal, qué coste real está teniendo esta forma de gestionar y qué va a hacer el PP para que el próximo proceso selectivo no vuelva a acabar corregido por los tribunales”, ha concluido Martínez.