Keruin Martínez recuerda que el Pleno aprobó su creación en 2019 y la ratificó en 2020, pero el órgano sigue sin estar operativo pese al aumento del gasto en servicios externalizados
26 de mayo de 2026. Izquierda Unida (IU) de Santander llevará al próximo pleno municipal una moción para exigir al equipo de Gobierno que ponga en marcha el Observatorio Municipal de la Contratación, un órgano de seguimiento, transparencia y fiscalización de los contratos públicos cuya creación fue aprobada a instancias de la formación por el Pleno en 2019, y ratificada nuevamente en 2020, pero que sigue sin estar operativo casi siete años después.
El concejal de la formación, Keruin Martínez, ha advertido de que Santander mantiene “un modelo de servicios públicos profundamente dependiente de la externalización”, con contratos que afectan a ámbitos esenciales como la limpieza viaria, la recogida de residuos, el abastecimiento de agua, los parques y jardines, la limpieza de colegios y dependencias municipales, el alumbrado o distintos servicios de mantenimiento.
“Cuando un servicio público se entrega a una empresa privada, el Ayuntamiento no se quita responsabilidad: al contrario, tiene que controlar más, fiscalizar mejor y garantizar que se cumplen los pliegos, las inversiones, las condiciones laborales y la calidad del servicio que recibe la ciudadanía”, ha señalado Martínez.
Según ha expresado el edil, las experiencias de los últimos años han evidenciado que los mecanismos actuales de control son insuficientes. En la moción, la formación apunta a conflictos laborales en servicios externalizados, quejas de vecinos y usuarios por posibles incumplimientos de condiciones previstas en los pliegos, retrasos en nuevas licitaciones, contratos vencidos, prórrogas forzosas y servicios que han seguido prestándose, una vez finalizados los contratos, mediante fórmulas extraordinarias.
“Santander no necesita otro caso como el de las basuras, que terminó lastrando durante años un servicio esencial para la salubridad y la higiene de la ciudad. Tampoco necesita otro expediente fallido en Parques y Jardines, otro servicio sostenido mediante fórmulas excepcionales por falta de previsión contractual, como ha ocurrido con la movilidad vertical, cuyas instalaciones siguen siendo un problema diario; ni nuevas comisiones sin documentación suficiente, como sucedió recientemente con el aparcamiento de la plaza Pombo. Necesitamos un mecanismo estable, ordinario, participado y transparente de seguimiento de los grandes contratos públicos”, ha defendido Martínez.
Otro ejemplo más es lo que ocurre con el contrato de explotación del mercado de Puertochico, a cargo de Baika SL, formalizado en 2017, con un plazo de ejecución no superior a un año, prórroga incluida, que suponía tener rehabilitado y abierto al público la totalidad del mercado municipal del mercado. “Diez años después, es evidente que este contrato no se ha cumplido, porque ni está totalmente rehabilitado, ni totalmente operativo”, ha explicado el edil, para quien “esto es absolutamente incomprensible”. “Con un incumplimiento que supera los nueve años, no entendemos la falta de consecuencia por del equipo de Gema Igual, quienes siempre se conforman con echar el balón hacia adelante”.
“Lo que estamos viendo no son incidencias aisladas, sino un problema estructural de planificación, seguimiento y control. Santander paga cada vez más por grandes contratos, pero la ciudadanía no siempre recibe servicios a la altura de ese esfuerzo económico”, ha afirmado el concejal, quien ha puesto el foco en la responsabilidad política “que es quien tiene que velar por el cumplimiento y la eficiencia”.
Martínez ha recordado que el análisis presupuestario del ejercicio en vigor, el de 2026, cifra en más de 80 millones de euros el volumen destinado a contratos externalizados. El volumen económico destinado a servicios prestados por empresas privadas, tanto mediante fórmulas completas como mixtas de externalización, no ha dejado de crecer en las últimas dos décadas.
“No estamos hablando de un debate ideológico abstracto, sino de cómo se controlan decenas de millones de euros de dinero público, de cómo se garantiza que las empresas cumplen y de cómo se protege el interés general frente a posibles incumplimientos”, ha explicado Martínez, para quien estos datos obligan a reforzar la fiscalización pública.
Asimismo, el edil ha insistido en que Izquierda Unida defiende la gestión directa de los servicios públicos “siempre que sea viable, eficiente y beneficiosa para la ciudadanía”, pero considera que, “mientras Santander mantenga un modelo tan dependiente de las externalizaciones, resulta imprescindible contar con mecanismos estables de control, transparencia y participación”.
El Observatorio Municipal de la Contratación, cuya creación apoyaron todos los partidos políticos del pleno municipal en 2020, incluido el PP, está planteado como un órgano de carácter asesor, consultivo y de seguimiento, que trabajaría en paralelo a los órganos de contratación, sin invadir las competencias de los servicios técnicos municipales, Intervención, Secretaría o la Junta de Gobierno Local. “La intención es mejorar la transparencia, facilitar el seguimiento de concesiones y contratos, evaluar el cumplimiento de cláusulas sociales y medioambientales, analizar el coste real de los servicios y escuchar a trabajadores, usuarios y representantes vecinales”, ha explicado el concejal.
La propuesta de IU pasa por dictar la instrucción municipal necesaria para regular la organización, composición y funcionamiento del Observatorio en un plazo máximo de dos meses. De igual modo, busca convocar, en el plazo de un mes, la comisión competente para presentar un borrador de dicha instrucción y abrir un plazo de aportaciones a los grupos municipales.
“Lo grave es que esto ya fue aprobado, por lo que, una vez más en Santander, nada impide avanzar más allá de la falta de voluntad política del Partido Popular” que, señala Martínez, “sigue sin buscar un modo de controlar con más eficiencia los contratos más importantes de la ciudad”, ha reprochado el concejal.
PREGUNTA POR LOS PLAZOS Y EL COSTE DE LA OBRA DEL DEPÓSITO DE EL AVELLANO
En la misma línea de fiscalización de la contratación pública y de control sobre los servicios esenciales, Izquierda Unida también ha registrado preguntas al pleno sobre la renovación de la cubierta del depósito de El Avellano.
El pasado 13 de abril, un mes después de que la formación alertara del estado de algunos depósitos, la Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto técnico para actuar sobre esta infraestructura, afectada por un avanzado proceso de carbonatación estructural.
El depósito cuenta con una capacidad de 16.000 metros cúbicos y forma parte de la red principal de abastecimiento de agua potable de Santander. Según lo que ha conocido la formación del proyecto, se prevé una ejecución por fases para mantener el servicio activo, con un presupuesto de ejecución por contrata de 1.389.104,18 euros.
Tras conocer el contenido del proyecto, Izquierda Unida señala que la actuación fija un plazo de ejecución de ocho meses y, al mismo tiempo, establece condicionantes relevantes para su desarrollo, ya que no se podrá trabajar en los vasos durante la época estival para evitar posibles interferencias o cortes en momentos de alta demanda. “Queremos saber cómo se van a coordinar las fases de obra para cumplir con ambos requisitos, y queremos que el equipo del PP aclare si, al tratarse de una actuación inferior a doce meses, descarta una revisión posterior de precios”, ha explicado Martínez.
El concejal ha concluido que ambos asuntos responden a una misma exigencia: “Santander necesita más control público sobre sus contratos. Hablamos de servicios esenciales, de obras estratégicas y de mucho dinero público. La fiscalización no puede llegar tarde, cuando el problema ya ha estallado; tiene que formar parte ordinaria de la gestión municipal”.
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Keruin Martínez, concejal de Izquierda Unida en Santander: