La formación llevará al pleno una moción para fiscalizar el estado real del servicio municipal y reclamar transparencia sobre la gestión de FCC Aqualia tras veinte años de contrato, del que insiste en recuperar la gestión directa.
El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Santander, Keruin Martínez, ha registrado una moción para el próximo pleno municipal para reclamar al equipo de Gobierno informes detallados sobre las inversiones realizadas en el servicio del agua y estudiar el grado de cumplimiento de la concesión adjudicada en 2006 a FCC Aqualia, tras las deficiencias detectadas en instalaciones estratégicas como la planta de El Tojo.
Para la formación, después de dos décadas de gestión externalizada y a pocos años de que finalice el contrato en 2031, resulta imprescindible conocer el estado real de unas infraestructuras esenciales para la ciudad y aclarar si se han ejecutado las obligaciones de mantenimiento, renovación e inversión previstas durante la concesión.
“Estamos hablando de un servicio público básico, directamente vinculado a la salud pública, al medio ambiente y a la calidad de vida de miles de vecinos. No puede gestionarse desde la opacidad ni con información parcial”, ha señalado Martínez.
INSPECCIÓN DE TRABAJO DETECTA DEFICIENCIAS EN EL TOJO
La iniciativa se registra tras conocerse actuaciones de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria en instalaciones vinculadas al servicio municipal del agua, especialmente la ETAP de El Tojo, que es clave para el abastecimiento de Santander.
Según refleja la moción, la actuación inspectora se produjo tras una denuncia formal presentada en enero de 2026 y dejó constancia de diversas deficiencias, entre ellas goteras y filtraciones pendientes de corrección, así como carencias higiénico-preventivas en determinadas dependencias.
A ello se suma la documentación técnica posterior conocida por la formación, en la que se contemplan actuaciones tras detectar el deterioro en cubiertas, precinto de determinadas zonas que ha limitado accesos a trabajadores clave, así como reparaciones pendientes y medidas preventivas extraordinarias ante posibles desprendimientos.
“Cuando aparecen este tipo de problemas en una infraestructura crítica, la cuestión ya no es interna de empresa. Es un problema de control público y de responsabilidad institucional, porque son problemas que no aparecen de la noche a la mañana, sino que muestran una degradación sistemática”, ha afirmado el edil.
OTRAS INSTALACIONES TAMBIÉN PRESENTAN DETERIORO
A las deficiencias detectadas en la ETAP de El Tojo se suman otras situaciones observadas directamente por el propio concejal y su equipo en diferentes instalaciones del sistema de abastecimiento. En concreto, Izquierda Unida ha podido comprobar en una visita a los depósitos de agua potable de Santander el estado de deterioro que presenta el depósito de El Avellano, con signos evidentes de falta de mantenimiento acumulado.
“Lo que hemos visto en El Avellano no responde a un problema puntual ni reciente. Es el resultado de años de falta de inversión y mantenimiento, que terminan derivando en situaciones de deterioro absolutamente deplorable en infraestructuras básicas”, ha señalado Martínez, quien ha añadido que, según la información conocida recientemente, se habrían iniciado por fin actuaciones para corregir estas deficiencias. “El problema no es solo que se actúe ahora, sino haber llegado a este punto tras tanto tiempo sin intervenir”, ha insistido.
QUÉ SE HA INVERTIDO Y QUÉ SE HA CONTROLADO
La formación sostiene que la cuestión de fondo no es una incidencia puntual, sino conocer en qué estado se encuentran en este momento las infraestructuras municipales del agua tras veinte años de concesión y qué control ha ejercido el Ayuntamiento sobre el cumplimiento contractual.
“Los vecinos tienen derecho a saber cuánto se ha invertido realmente, qué actuaciones se han ejecutado, quién las ha pagado y si el Ayuntamiento ha vigilado con rigor el contrato durante todo este tiempo”, ha indicado Martínez.
La formación recuerda además que el recibo del agua ha experimentado sucesivas revisiones al alza en los últimos años, incluidas nuevas actualizaciones en 2025 y 2026, por lo que considera aún más necesario exigir transparencia sobre costes, inversiones y equilibrio económico del modelo concesional.
“Es un servicio privatizado, concesionado a una empresa que, según han calculado diversas asociaciones vecinales, ha cobrado un 25% más de lo permitido por la Ley de Haciendas Locales”, ha explicado Martínez, quien ha recordado que el Ayuntamiento está en litigio contra 27 asociaciones de vecinos por el tema por un supuesto beneficio extraordinario para la empresa, “pese al principio legal de equivalencia entre coste del servicio e importe exigido a los usuarios”.
“De hecho, siempre conviene recordar que el Tribunal de Cuentas ya advirtió al Ayuntamiento de que una empresa privada no puede recaudar impuestos”, ha matizado Martínez, quien considera aún más necesario exigir transparencia “sobre costes, inversiones y equilibrio económico de la concesión”.
Por último, la moción también plantea iniciar los trabajos necesarios para estudiar la recuperación de la gestión municipal directa una vez finalice la actual concesión.
“Después de veinte años de concesión, Santander necesita datos objetivos, no declaraciones supuestamente tranquilizadoras. ¿Dónde están las inversiones y en qué estado nos devuelven el servicio? Porque lo que está en juego es la calidad de un servicio esencial y la correcta defensa del interés público”, ha concluido Martínez.
[Audio]
Israel Ruiz Salmón, coordinador de Izquierda Unida en Cantabria: