La formación pedirá datos sobre procesos anulados, plazas caducadas, indemnizaciones abonadas y nuevas reclamaciones abiertas en materia de personal
El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Santander, Keruin Martínez, ha registrado una batería de preguntas para el próximo pleno municipal con el objetivo de conocer el alcance real del coste económico, jurídico y organizativo derivado de la gestión de personal del equipo de Gobierno.
Tras conocer nuevos recursos y reclamaciones administrativas relacionados con decisiones adoptadas en el área de personal, Martínez ha señalado que “los problemas en Recursos Humanos hace tiempo que no pueden presentarse como incidencias aisladas”, porque “hablamos de una sucesión continuada de retrasos, procesos fallidos, resoluciones discutidas y conflictos cuya factura termina asumiendo la ciudadanía”.
La iniciativa llega después de conocerse un nuevo recurso, aún pendiente de resolución, promovido por un oficial de la Policía Local, en el cual reclama al Ayuntamiento derechos económicos y administrativos vinculados al desempeño de funciones superiores de subinspector durante años y al retraso de los procesos de promoción interna. “La reclamación invoca jurisprudencia del Tribunal Supremo y, de estimarse, podría traducirse en un nuevo coste para las arcas municipales”, ha explicado Martínez, quien ha criticado “la forma negligente de gestionar una materia tan sensible”.
“A Gema Igual y a su equipo parece no preocuparles el dinero público, pero precisamente ese dinero, que pertenece a todos los vecinos, exige rigor, previsión y responsabilidad en cada decisión, porque el dinero que se derrocha es dinero que no se destina a los servicios públicos para la ciudadanía”, ha afirmado el edil.
“Este asunto requiere seriedad y no declaraciones frívolas de la alcaldesa sobre la supuesta falta de recursos para hacer frente a salarios y reclamaciones. El problema no es que no haya dinero, el problema es la mala gestión de los recursos públicos y el derroche permanente del dinero que aportan los santanderinos a las arcas municipales”, ha añadido Martínez.
MÁS SENTENCIAS Y RECLAMACIONES
A esta situación se suman otras reclamaciones actualmente en tramitación dentro del área de personal, entre ellas recursos vinculados a carrera profesional, reconocimiento de niveles y funciones superiores desempeñadas durante años sin regularización definitiva. Para la formación, la acumulación de expedientes y litigios evidencia una gestión reactiva que puede seguir generando costes evitables para el Ayuntamiento.
“Este no es un caso aislado”, ha subrayado Martínez, quien ha recordado que, en 2023, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 condenó al Ayuntamiento a admitir e indemnizar a dos aspirantes a Policía Local tras resolver una convocatoria con menos plazas, 36, de las 47 ofertadas inicialmente. Según la resolución, los afectados tuvieron que ser compensados por las cantidades dejadas de percibir desde la fecha en la que debieron incorporarse de no haber sido excluidos. Posteriormente, esto se tradujo en el reconocimiento del derecho a ser indemnizadas otras nueve personas.
Del mismo modo, el concejal Izquierda Unida ha recordado que el pasado mes de enero se produjo la anulación judicial del proceso selectivo de diez plazas de auxiliar administrativo como consecuencia de la caducidad de la convocatoria vinculada a la Oferta de Empleo Público de 2019. “Se trata de un caso que afectó a más de un millar de aspirantes y retrasó la incorporación de personal necesario para reforzar servicios municipales ya sometidos a una fuerte presión”, ha explicado Martínez, quien llevó al asunto al pleno para pedir la destitución del concejal y el director general de Recursos Humanos, cuya gestión “solo puede calificarse de fracaso y, además, su demostrada incompetencia para unos cargos tan importantes nos lleva a concluir que no están en condiciones de ser quienes acerquen posturas ni soluciones en el corto plazo”, ha aseverado Martínez.
En relación con la Policía Local, Martínez también ha advertido de que la organización interna sigue apoyándose en instrumentos de planificación claramente desfasados. La valoración de puestos de trabajo y los informes de necesidad se remontan a finales de los años ochenta, mientras que la Relación de Puestos de Trabajo fue aprobada en 1995 sin una actualización integral posterior. A juicio de la formación, esta falta de revisión dificulta la cobertura ordenada de vacantes, la promoción interna y una adecuada planificación de efectivos y medios materiales.
“Se repite siempre el mismo patrón: mala planificación, plazas sin cubrir, promociones internas demoradas, decisiones recurridas y dinero público destinado a corregir errores que pudieron evitarse”, ha afirmado Martínez. “Lo grave no es solo el perjuicio a trabajadores u opositores, sino el deterioro directo de los servicios públicos y el uso ineficiente y derrochador de recursos que son de todos”.
Por ello, la formación preguntará en el pleno cuántos procesos selectivos han sido anulados, suspendidos o retrasados desde 2015; cuántas plazas incluidas en ofertas públicas de empleo han caducado sin ejecutarse; cuántas sentencias firmes se han dictado contra el Ayuntamiento por asuntos de personal y qué importe total se ha abonado en indemnizaciones, atrasos, intereses y costas judiciales. Asimismo, cuestionará qué medidas piensa adoptar el equipo de Gobierno para evitar nuevos perjuicios económicos y jurídicos.
“Los vecinos tienen derecho a saber cuánto dinero público está costando esta forma de gestionar y quién va a asumir responsabilidades políticas por ello”, ha concluido Martínez.