Izquierda Unida (IU) de Santander ha presentado una batería de enmiendas al Proyecto de Ordenanza de Huertos Urbanos con el objetivo de “corregir un texto que se queda a medio camino y que no desarrolla el potencial real de estos espacios”, y que califica como “limitado, individualista y sin ambición”.
“Se trata de una ordenanza necesaria, que llevamos años reclamando, pero que está mal planteada”, ha afirmado el concejal de la formación, Keruin Martínez, quien ha señalado que el documento “no responde a la realidad de los huertos urbanos como herramienta de participación, cohesión social y educación ambiental”.
Entre las principales enmiendas, Izquierda Unida plantea la supresión del artículo que abre la posibilidad de imponer tasas o exacciones a los usuarios. “Lo que hace esta ordenanza es abrir la puerta a cobrar por un servicio que, hasta ahora, era gratuito y que ya se está financiando con dinero público dentro de un modelo de gestión externalizada”, ha denunciado Martínez, quien ha advertido de que “no tiene ningún sentido introducir un posible pago sin definir el modelo de servicio ni garantizar el acceso en condiciones de igualdad”.
En este sentido, el concejal ha explicado que, actualmente, la gestión de los huertos urbanos “no cuenta con una estructura propia, sino que está integrada dentro de un contrato municipal más amplio vinculado a los centros cívicos y gestionado por una empresa privada”. Además, ha subrayado que este contrato, que expira en 2026, no incluye un desglose específico del coste del servicio, “lo que deja sin base económica ni justificación de la posible introducción de tasas en el marco actual”.
CAMBIOS PARA LOGRAR UN CARÁCTER MÁS COMUNITARIO DE LOS HUERTOS URBANOS
La formación propone, además, un cambio de enfoque en la ordenanza para incorporar el carácter comunitario de los huertos urbanos, permitiendo el acceso a asociaciones vecinales y entidades sociales. “La ordenanza habla de participación, pero luego todo está pensado para el uso individual. Es una contradicción evidente”, ha señalado Martínez, quien ha defendido que “los huertos urbanos funcionan en muchas ciudades como espacios comunitarios, no como parcelas aisladas”.
En este sentido, las enmiendas incluyen la creación de lotes diferenciados de los huertos individualizados ya existentes para usos comunitarios, educativos y sociales, así como la posibilidad de que los propios usuarios participen en la organización y gestión de los espacios.
Otra de las propuestas clave es la integración de los huertos escolares en la red municipal mediante convenios con el Ayuntamiento. “Hay colegios que llevan años desarrollando proyectos educativos en huertos sin apoyo municipal. La ordenanza no los reconoce ni los integra, como si no existieran”, ha señalado Martínez, quien considera que “lo lógico es incorporarlos, darles estabilidad, proporcionarles recursos y aprovechar su valor educativo y comunitario”.
La formación también ha criticado el proceso de elaboración de la ordenanza, que considera insuficiente. “No ha habido participación real, solo un trámite en la web municipal. Para una ordenanza con este impacto social, se esperaba un proceso abierto, con vecinos, asociaciones y usuarios”, ha afirmado el edil.
Para Izquierda Unida, el problema de fondo es que los huertos urbanos “no se han desarrollado como una política pública propia”. “Ahora mismo dependen de un contrato externalizado que actúa como cajón desastre, y que carece de planificación, estructura y objetivos claros. Así es muy difícil que cumplan su función social y se desarrolle todo su potencial”, ha señalado Martínez.
En este sentido, el concejal ha advertido de que “esta ordenanza no es neutra, sino que va a condicionar el próximo contrato de gestión del servicio, que previsiblemente deberá licitarse en breve”. “Si no se corrige ahora, se estará consolidando un modelo débil, sin participación real y con la puerta abierta a introducir costes para la ciudadanía”, ha añadido.
Las enmiendas incluyen también la introducción de criterios sociales obligatorios en la adjudicación de parcelas, así como la garantía de reservas para personas con movilidad reducida. “El acceso a un recurso público no puede depender del azar ni de decisiones discrecionales, y mucho menos de la capacidad económica. Tiene que garantizarse en condiciones de igualdad”, ha concluido el concejal.