El concejal Keruin Martínez advierte de que faltan pocos meses para que venza el plazo legal y no se han producido nuevas comunicaciones públicas sobre el estado de la actualización, que, en teoría, se iban a aprobar el pasado mes de noviembre.
El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Santander, Keruin Martínez, ha registrado una batería de preguntas al próximo pleno municipal para conocer en qué situación se encuentra la adaptación del Reglamento del Taxi de Santander al Decreto 55/2024 de Cantabria, que regula los servicios de autotaxi y obliga a los ayuntamientos a adecuar su normativa local en el plazo de dos años desde su entrada en vigor.
Martínez ha recordado que esa normativa autonómica está vigente desde septiembre de 2024 y que, por tanto, el plazo máximo para culminar la adaptación finaliza en septiembre de 2026. “Nos acercamos a la fecha límite y resulta razonable pedir información clara sobre el grado de avance de unos trabajos que fueron anunciados hace tiempo”, ha señalado.
De hecho, desde la formación han recordado que el propio equipo de Gobierno informó en su momento del inicio de reuniones y trabajos para modificar el reglamento municipal, y, el pasado mes de octubre, trasladó que la aprobación era inminente en apenas un mes. Sin embargo, transcurridos esos plazos, no constan nuevas noticias públicas sobre la entrada en vigor del texto actualizado.
“El objetivo de esta iniciativa es conocer si la ciudad está preparada para aplicar plenamente el nuevo marco normativo y si se está trabajando con la previsión necesaria”, ha explicado el edil, que se ha preguntado si esta cuestión estará finiquitada y puesta en marcha antes de la temporada estival.
En ese sentido, Martínez considera especialmente relevante conocer si durante este tiempo se han ido adaptando ya cuestiones esenciales como la revisión del régimen de licencias, la actualización de los procedimientos administrativos, la posible implantación de licencias temporales vinculadas a picos de demanda o la mejora de la disponibilidad de vehículos adaptados.
“Estamos hablando de un servicio público importante para la movilidad urbana, para muchos trabajadores del sector y también para personas mayores o con problemas de accesibilidad. Conviene que las adaptaciones no se dejen para el último momento”, ha afirmado Martínez.
Asimismo, la formación ha aprovechado para preguntar por los estudios de movilidad o análisis de demanda existentes para valorar nuevas herramientas previstas en la norma autonómica, así como por las medidas organizativas adoptadas para facilitar su aplicación.
Martínez ha recordado que profesionales del sector vienen trasladando desde hace años preocupaciones relacionadas con trámites, demoras administrativas y carga burocrática. “También interesa saber si se han reforzado medios y recursos para que la nueva regulación sirva realmente para mejorar el funcionamiento del servicio”, ha conclui