- La formación critica el convenio singular con Santa Clotilde por blindar una relación con una entidad privada sin licitación
Jueves, 16 de octubre de 2025.
Izquierda Unida ha respondido este jueves a las declaraciones del consejero de Salud, César Pascual (PP), sobre el convenio singular con el Hospital Santa Clotilde, agradeciéndole irónicamente que haya “confesado públicamente que el Gobierno está privatizando durante 15 años la salud pública, aunque no lo quiera llamar así”.
La formación considera que el acuerdo, que compromete 216 millones de euros en 15 anualidades, constituye una privatización encubierta, al blindar una relación estable con una entidad privada sin publicidad ni licitación. “Al mismo tiempo que niega una privatización, Pascual reconoce que firma un convenio singular que implica financiación pública directa a un centro privado, formalización de una relación prolongada sin licitación pública y prestación de servicios sanitarios que deberían ser cubiertos por la red pública, como diagnósticos o cuidados paliativos”, apuntan desde IU.
“Si camina como pato, grazna como pato y nada como pato… entonces es privatización”, ha asegurado el coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, en referencia a la insistencia del consejero en negar lo evidente.
IU considera que el argumento de “continuidad asistencial” es una cortina de humo para justificar una operación que consolida la dependencia del sistema público respecto a lo privado. “Si el problema es que no se llega, la solución no puede ser reforzar lo privado, sino invertir en lo público”, ha afirmado Ruiz Salmón.
IU denuncia además la coincidencia entre la tramitación del convenio y la reciente derivación de 1.000 mamografías al mismo hospital, lo que refuerza la sospecha de que se está consolidando una estrategia de externalización estructural de servicios esenciales. “No es casualidad que justo ahora se anuncie la derivación masiva de pruebas diagnósticas a Santa Clotilde. Es parte del mismo modelo que se quiere blindar durante 15 años”, ha afirmado Ruiz Salmón.
En relación con esta derivación, IU ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que investigue si se ha vulnerado el derecho a la salud de las pacientes afectadas por los retrasos en el diagnóstico, y si se ha actuado conforme a los principios de equidad y necesidad clínica. “Se está descubriendo que no son errores o retrasos puntuales: es un modelo en el que se debilita lo público, a costa de la salud de la gente, para que las empresas sanitarias se lo lleven calentito”, ha añadido.
La formación exige una auditoría del gasto sanitario destinado a entidades privadas en los últimos años, y reitera su compromiso con una sanidad pública, universal y transparente. “No es una cuestión de nombres ni de partidos, sino de modelo: o defendemos lo público, o aceptamos que se reparta a dedo entre intereses privados”, ha concluido.