Izquierda unida y Podemos ampliarán el parque inmobiliario de alquiler y aumentarán la vivienda pública con protección para las personas con rentas más bajas en Torrelavega.
Los candidatos de la coalición IU-Podemos, Borja Peláez y Pablo Gómez, aseguran “la puesta en marcha de un plan de políticas en materia de vivienda, con fines sociales, pero combinado con otras medidas que garanticen plenamente el derecho a una vivienda digna y adecuada”, añadiendo que, “es necesaria más vivienda pública en el mercado, de obra nueva también, pero sin que ello suponga cometer los errores del pasado y de la última crisis”.
“Resulta imprescindible aumentar la actual bolsa de vivienda pública municipal con alquileres tasados y asequibles que ayuden a combatir el incremento desmedido del precio de la vivienda en los últimos años y que ha obligado a miles de familias torrelaveguenses a buscar otros pueblos y ciudades como lugar de arraigo”, señala Peláez.
En este sentido, el candidato a la alcaldía de Torrelavega, recuerda que “aunque Cantabria sigue sin aprobar la Ley de Vivienda, el derecho a la misma ha de ser garantizado por todas las administraciones públicas, por lo que debemos llevar a cabo acciones eficaces para que todas las vecinas y vecinos de la ciudad dispongan de una vivienda donde poder desarrollar su vida en dignidad”
Para Gómez, “el Ayuntamiento cuenta con presupuesto y mecanismos legales para ampliar el parque de vivienda y regular así el mercado desde lo público”, por lo que “debemos apostar por una acción combinada de construcción de nuevas promociones de VPO para su alquiler a precio accesible, así como la adquisición de viviendas de segunda mano a través de la Ley de Tanteo y Retracto para su incorporación al parque público”.
“Ante unos alquileres medios muy altos y unos salarios que difícilmente superan el SMI, tenemos la obligación de exprimir las competencias en materia de vivienda y atender al elevado registro de demandantes desarrollando una política ‘efectiva’ que venga a paliar el ‘grave déficit’ que existe en la ciudad, teniendo en cuenta a las mujeres, a los jóvenes y a las personas con rentas más bajas”, afirma el número dos de la candidatura.
El 24 de enero de 2023, los Relatores Especiales de la ONU sobre vivienda adecuada y sobre extrema pobreza y derechos humanos enviaron una comunicación conjunta al gobierno de España, urgiendo a mejorar y aprobar cuanto antes la Ley de Vivienda, insistiendo en que la ley debería incluir un compromiso concreto de aumento progresivo del parque público de vivienda social, determinando un incremento porcentual anual y un calendario para llegar al 15% de vivienda social en 2040.
Por este motivo, desde la coalición señalan que “urge conocer el inventario de viviendas públicas del municipio, así como su ubicación, puesto que las viviendas deben servir para que la ciudadanía habite realmente en ellas, y no como elementos de especulación, como objetos de mercadeo para obtener importantes beneficios de forma rápida”.
“Además, las viviendas protegidas deben situarse en todos los vecindarios y estar completamente integradas con unidades de vivienda de clase media y alta, evitando la segregación” finalizan.