En vísperas de la Comisión en la que se aprobarán las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales del agua (8-T) y del alcantarillado (7-T) para 2026, Izquierda Unida (IU) de Santander ha mostrado su rechazo a la propuesta del equipo de Gobierno de incrementar un 2,7% ambas tasas, advirtiendo que estas medidas “blindarán de nuevo los beneficios privados de Aqualia a costa de un bien público esencial”.
El concejal de la formación, Keruin Martínez, ha señalado que “el Ayuntamiento habla de equilibrio económico-financiero, pero ese equilibrio siempre se traduce en beneficios para la empresa y en subidas para la ciudadanía. Mientras Aqualia multiplica beneficios, los vecinos reciben cada año facturas más altas, tanto en el agua como en el alcantarillado”.
Martínez ha recordado que en 2021 el propio Ayuntamiento aprobó una minoración de 5,55 millones de euros al constatarse que la concesionaria había obtenido beneficios extraordinarios, pero, “a día de hoy, no hay transparencia sobre cómo se está aplicando esa minoración ni si ha tenido impacto real en los recibos del agua y el saneamiento”.
“Los vecinos han visto cómo se anunciaba a bombo y platillo la corrección de los excesos de la empresa, pero en la práctica se enfrentan ahora a una doble subida. Es la muestra de que este modelo está diseñado para proteger el beneficio privado de grandes empresas, nunca el bolsillo de la ciudadanía”, ha añadido el edil.
De igual modo, Martínez ha recordado que existe un procedimiento judicial abierto a raíz de la denuncia de más de veinte asociaciones vecinales de Santander, que han recurrido ante los tribunales la sistemática subida de las tarifas y los beneficios millonarios de una empresa privada. “Si los vecinos han tenido que acudir a los jueces, es porque el PP no ha hecho su trabajo: defender el interés público frente a la concesionaria”, ha denunciado.
El edil ha subrayado además la contradicción del PP, que proclama públicamente que “baja impuestos” mientras aprueba subidas en servicios básicos como el agua y el alcantarillado cada año. “Es una incoherencia total: presumen de rebajar algunos tributos, pero mantienen como prioridad garantizar el beneficio de una empresa privada y cargan sobre las familias el coste real de servicios esenciales, muchos de los cuales son además muy mejorables”, ha afirmado.
Martínez ha insistido en que los beneficios extraordinarios deberían reinvertirse en el propio servicio. “Lo lógico sería mejorar la red de alcantarillado, que sufre averías recurrentes, como vemos con las inundaciones, en lugar de repartir dividendos a una concesionaria privada. Sin embargo, la realidad es que se prioriza la cuenta de resultados de una empresa privada, socializando las pérdidas y privatizando las ganancias. Eso no es equilibrio, es injusticia”, ha subrayado.
Además, el edil ha recordado que el Tribunal de Cuentas ha advertido repetidamente, la última este mismo año, de que una tasa no puede ser recaudada por una empresa privada. “Pese a ello, el PP de Santander sigue agarrándose a un clavo ardiendo para aplicar este sistema con la excusa de que se trata de un contrato antiguo, rubricado antes de la presente ley que obliga a que las tasas sean solo recaudadas por las administraciones públicas”.
Por ello, el edil pedirá en la Comisión que se detenga la subida de tarifas hasta que se aclare cómo se está desarrollando la minoración de los 5,55 millones de beneficios extraordinarios, se revele los ingresos reales de la empresa, el nivel de inversiones efectuadas y las obligaciones de mantenimiento de la red. “La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto cuesta realmente el ciclo integral del agua y cuánto gana la concesionaria cada año”, ha defendido Martínez.
Por ello, Martínez considera que la concesionaria debería someterse a una auditoría pública independiente sobre la concesión que revele los ingresos reales de la empresa, el nivel de inversiones efectuadas y las obligaciones de mantenimiento de la red, muchas veces cuestionadas por las averías recurrentes.
Finalmente, Izquierda Unida considera imprescindible que el Ayuntamiento comience de inmediato a preparar la remunicipalización del servicio en 2031. “El agua y el alcantarillado no pueden seguir siendo un negocio privado con rentabilidad garantizada. IU estará del lado de la ciudadanía y de las asociaciones vecinales que ya han llevado este abuso a los tribunales para recuperar un bien que nunca debió privatizarse”, ha concluido el concejal, “tenemos buenos ejemplos de éxito en la remunicipalización, como el caso de Valladolid, donde en cinco años no sólo no ha subido la tarifa, sino que con los beneficios se ha ido mejorando y actualizando la red”.