La coalición de Izquierda Unida y Podemos llevará a pleno una moción para que el gobierno PRC-PSOE realice una auditoría supervisada por partidos políticos, técnicos, sindicatos y asociaciones vecinales.
El grupo municipal Izquierda Unida-Podemos ha registrado una moción que se debatirá en el próximo pleno municipal en la que exige al equipo de gobierno la realización de una Auditoría Ciudadana de la Deuda y el Gasto con la que pretende que la ciudadanía conozca el origen, la evolución, la composición, el destino de la deuda municipal, así como la eficacia y pertinencia del gasto público desde la entrada al gobierno de la coalición entre el PSOE y el PRC.
Para la coalición, esta propuesta parte de la “negligencia” de los equipos de gobierno del PRC y el PSOE a los que acusa de “privilegiar la obra visible, el evento mediático y el proyecto vistoso, mientras se ha abandonado el cuidado de las personas, la mejora de los servicios públicos, la planificación económica a largo plazo y la justicia social”.
“Tenemos bancos gigantes, ferias del tomate, rutas del cuaternario…pero se recortan subvenciones a entidades que atienden necesidades sociales. Esa es la radiografía moral y política del gobierno PRC-PSOE”, señala Borja Peláez, concejal del grupo municipal.
Los objetivos de la Auditoría Ciudadana de la Deuda y del Gasto
La moción registrada por IU-Podemos va más allá de una auditoría, en ella también exige al gobierno municipal que, tras la misma, elabore un Plan de Reforma y Transparencia Municipal para corregir las malas prácticas detectadas, revisar contratos y deudas que pudieran considerarse injustificadas, reorientar el presupuesto municipal hacia políticas sociales y fijar un 5% del presupuesto municipal para propuestas de la ciudadanía mediante un proceso de consulta ciudadana.
“Queremos que se sepa qué parte de la deuda es legítima, es decir, qué ha servido al interés general, y qué parte es ilegítima, siendo fruto del despilfarro, de la mala gestión y de decisiones políticas injustificables”, subraya Peláez.
“El Plan Económico Financiero no puede ser una excusa para recortar derechos. No vamos a aceptar que se nos diga que no hay dinero para derechos sociales mientras se malgastan recursos en ocurrencias y propaganda”, afirman.
“La auditoría será ciudadana porque no puede quedar en manos de los mismos que han gestionado el dinero sin control. La sociedad civil, las asociaciones vecinales y las entidades sociales deben ser protagonistas del proceso”, afirma el concejal.
IU–Podemos concluye afirmando que es imprescindible abrir las cuentas del Ayuntamiento para cerrar la puerta al despilfarro y la opacidad. Además, la coalición considera que el pago de la deuda ilegítima no debe salir de las cuentas municipales, sino de los responsables que han llevado al Ayuntamiento a esta situación.
“La ciudadanía tiene derecho a saber a quién se debe dinero y por qué”, sentencia Peláez.