La coalición de Izquierda Unida y Podemos propone una ordenanza que impida recortes y privatizaciones en necesidades sociales, y pide al Congreso que derogue la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el artículo 135 de la Constitución.
El grupo municipal Izquierda Unida–Podemos ha registrado una moción que se debatirá en el próximo Pleno con el objetivo de frenar los recortes sociales y proteger los servicios públicos municipales frente al Plan Económico-Financiero impuesto al Ayuntamiento tras años de gestión deficiente del equipo de gobierno PRC-PSOE.
La iniciativa plantea la aprobación de una ordenanza municipal de blindaje social, que impida la reducción de subvenciones a entidades sociales y la privatización de servicios públicos esenciales. Además, incluye una petición al Congreso de los Diputados para derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el artículo 135 de la Constitución, por considerar que ambas normas priorizan el pago de la deuda sobre las necesidades de la ciudadanía.
“El Ayuntamiento está pagando la irresponsabilidad del gobierno municipal con la tijera sobre los derechos sociales”, ha denunciado Borja Peláez, concejal de IU-Podemos, añadiendo: “Nos dicen que el Plan Económico-Financiero obliga a recortar, pero no fue la ciudadanía quien lo impuso, sino un modelo económico que favorece a unos pocos y deja atrás a la mayoría.”
Las propuestas de la moción
La moción incluye tres ejes fundamentales: una ordenanza municipal de blindaje social, que prohíba recortes en subvenciones sociales y la privatización de servicios públicos esenciales; una exigencia al Congreso de los Diputados para derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el artículo 135 de la Constitución, que “priorizan el pago de la deuda frente a los derechos sociales”; y mecanismos de participación y control ciudadano para garantizar que los recursos municipales se destinen efectivamente a políticas de bienestar y justicia social.
“Los derechos sociales no pueden depender de la negligencia o los vaivenes políticos. Deben estar protegidos por ley, porque detrás de cada partida presupuestaria hay personas, familias y necesidades reales”, ha subrayado Peláez.
Desde IU-Podemos defienden que la moción no es solamente una respuesta coyuntural, sino una apuesta política de confirmar la existencia de una alternativa: un cambio de modelo económico y social en el municipio, donde los derechos sociales y la inversión en bienestar sean la prioridad.
“Recortar en derechos no es gestionar bien: es rendirse ante un modelo injusto. Y nosotros no estamos aquí para rendirnos, sino para transformar el Ayuntamiento y ponerlo del lado de la gente.”
IU-Podemos solicitará el apoyo del resto de grupos municipales para sacar adelante esta iniciativa “en defensa de los derechos sociales, los servicios públicos y la dignidad de la ciudadanía de Torrelavega”.
