- Apuestan por un parque de alquiler 100% público, con viviendas protegidas que no pierden nunca la calificación y un canon para las viviendas vacías
Las alegaciones de Izquierda Unida Cantabria al anteproyecto de Ley de Vivienda que acaba de presentar el Gobierno del Partido Popular buscan “blindar” su concepción como derecho subjetivo ciudadano y política pública frente a un PP “que sólo piensa en el negocio”, y que se ha entregado “a la privatización y el ladrillazo” o al “rescate rentista”, el “castigo” a los inquilinos y la “obsesión ocupa” del consejero Roberto Media.
Ese “blindaje” de la vivienda como derecho frente a la “rendición incondicional” del PP a “inmobiliarias, fondos buitre, constructoras y rentistas” se materializa en medidas, detalladas en la treintena de alegaciones de Izquierda Unida, que apuestan por un “auténtico” parque público de vivienda, basado fundamentalmente en el alquiler, en el que las viviendas protegidas no pierdan nunca esa calificación y en el que la gestión esté “totalmente vetada” al sector privado y la especulación, según ha repasado ante la Oficina de Vivienda Israel Ruiz Salmón, recién reelegido como coordinador de la formación de izquierdas.
En declaraciones a los medios, Ruiz Salmón ha advertido de las “graves omisiones” de la Ley, que no ha incluido a los inquilinos como colectivo preferente de acceso a la vivienda pública, centrándose en los desahucios de hipoteca, “en una política que evidencia la evasión de la realidad que tiene en materia de vivienda un PP que parece desconocer que la mayoría de los desahucios se producen contra inquilinos”. Las omisiones se extienden al impacto de las viviendas turísticas en la subida de precios, “a estas alturas una obviedad que sólo ignora el Gobierno de Cantabria”. “¿Cómo se puede hablar de políticas de vivienda hoy día sin hablar de las viviendas de uso turístico?”, ha inquirido Ruiz Salmón.
Además, ha advertido de que el “ansia privatizadora” del PP se extiende “a todos los puntos posibles” de la política de vivienda: no sólo en la cesión de suelos a empresas por 75 años, sino incluso en la emisión de informes de inspección, que podrán hacer “expertos anónimos” ajenos a la administración y que “los cántabros no podrán conocer quiénes son”. “Con esta Ley, el Banco Santander, grandes fondos o Idealista podrían hacer informes de inspección sobre el estado de la vivienda en Cantabria”, ha alertado Ruiz Salmón.
Junto a las omisiones y sesgos anti-inquilinos, el coordinador de Izquierda Unida ha expuesto varias “aberraciones” de la Ley, como “que las subvenciones a rentistas afectados por la ocupación se saquen del fondo para ayudar a las víctimas de desahucios”, con la “llamada a la delación ciudadana de casos de ocupación, saltándose jueces y policía” o con la posibilidad de que el Gobierno pague la seguridad de las viviendas vacías.
LAS ALEGACIONES
En sus alegaciones, Izquierda Unida expone, frente a la apuesta “incontrolada” por la construcción masiva, la necesidad de enmarcar la política de vivienda dentro de la política territorial y urbanística de Cantabria y apostando por una construcción “racional”, ante el “fracaso” en la apuesta por “pervertir” el suelo rústico.
Sobre todo, se concibe la vivienda como un derecho ciudadano, por tanto, sujeto a reclamación y exigencia efectiva de su cumplimiento ante la administración.
El Parque de Vivienda será de gestión total pública y concebido para toda la población, no sólo para las situaciones de vulnerabilidad. La pata fundamental será el alquiler social, evitando que se pierda patrimonio público al permitirse que las VPO se acaben vendiendo, y se expulsa de su gestión al sector privado especulativo, como fondos, inmobiliarias, promotoras. De hecho, se contempla la posibilidad de convenios con entidades sociales o sin ánimo de lucro, como cooperativas.
Habrá intervención en el mercado de suelo, que además es coherente con la propia Constitución, limitación de los precios del alquiler con la declaración de zonas tensionadas, y un canon a las viviendas desahabitadas durante más de dos años, de gestión municipal y de 10 euros por cada metro cuadrado útil y año, que se incrementará un 10 % por año que permanezca en dicha situación, sin que pueda superar tres veces el importe inicial.
“Frente a la intervención del mercado que hace el PP en favor de la especulación, el rentismo y el afán privatizador, IU defendemos una gestión 100% pública en favor del común de los mortales y de las personas y colectivos más vulnerables”, ha añadido Ruiz Salmón.
Las alegaciones de Izquierda Unida extienden los colectivos de acceso preferente a las políticas de vivienda pública, que para el PP excluían a los desahucios por alquiler, los mayoritarias. Y las abren a otras situaciones, como las familias monoparentales, las personas refugiadas o los jóvenes migrantes que abandonen la tutela de la administración por alcanzar la mayoría de edad.