La coalición de Izquierda Unida y Podemos acusa al alcalde de desobedecer al Pleno y de favorecer la especulación.
El grupo municipal Izquierda Unida-Podemos ha presentado una denuncia ante el defensor del pueblo contra el Ayuntamiento de Torrelavega por el incumplimiento flagrante del acuerdo plenario aprobado en 2023 que obliga al gobierno PRC-PSOE a elaborar una ordenanza para la regulación de las viviendas turísticas. Este acuerdo fue aprobado a propuesta de IU-Podemos, pero lleva más de un año metido en un cajón.
El motivo de la denuncia se agrava por el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, declaró públicamente en un Pleno que no piensa cumplir dicho acuerdo. Para IU-Podemos, esta afirmación constituye “una vulneración gravísima del funcionamiento democrático” y revela “un comportamiento impropio de un cargo público”.
Según explica Borja Peláez, concejal de IU-Podemos, la situación no admite matices.
“Cuando un alcalde denuncia que no va a cumplir una decisión del Pleno, lo que está haciendo es situarse por encima de la voluntad democrática de la ciudad. Es un acto de desobediencia institucional y un desprecio absoluto a la ciudadanía”, señala.
El edil considera que este comportamiento “no puede normalizarse” y subraya que se trata de una línea roja democrática.
“Un alcalde no puede decidir qué cumple y qué no cumple según sus gustos o según a quién moleste”, afirma Peláez.
IU-Podemos sostiene que la negativa del gobierno PRC-PSOE a regular las viviendas turísticas confirma “la hipocresía” de ambas formaciones, que “hablan de vivienda pública, pero legislan para facilitar la especulación”.
El concejal añade que “PRC y PSOE repiten que defienden la vivienda digna, pero cuando toca actuar se ponen de lado de quienes quieren convertir las ciudades en un negocio. Dicen una cosa en campaña y hacen lo contrario desde el sillón. Su preocupación real está más cerca de los fondos que de las familias trabajadoras”, denuncia.
IU-Podemos señala que este no es un caso aislado, sino un patrón: acuerdos plenarios sin ejecutar, información opaca, ausencia de participación y un estilo político “basado en el ordeno y mando”.
“La vivienda es un derecho constitucional. La actitud del alcalde demuestra que, cuando se enfrentan los derechos de la ciudadanía y los intereses de quienes hacen negocio, elige proteger al negocio”, subraya Peláez.
IU-Podemos afirma que no tenía otra opción que acudir al Defensor del Pueblo para garantizar el cumplimiento del acuerdo.
“No vamos a permitir que se vacíe de contenido la democracia municipal. No vamos a permitir que el alcalde decida qué acuerdos cumple y cuáles ignora. Y no vamos a permitir que Torrelavega siga sin regulación ante la amenaza de los pisos turísticos”, señalan desde IU-Podemos.
El grupo municipal concluye recordando que la denuncia no es un gesto simbólico, sino una defensa firme de los derechos de la ciudadanía.
“Torrelavega merece un gobierno que gobierne obedeciendo, no un gobierno que se crea por encima de la ley. Y merece políticas de vivienda para la gente, no para especuladores”.