La formación registra una moción para el pleno municipal, con el fin de realizar una modificación presupuestaria que destine la partida de 100.000 euros que ha quedado sin objeto en evaluar el estado de los centros educativos y sus principales necesidades
Izquierda Unida ha registrado una moción para su debate en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Santander, con el objetivo de poner en marcha un estudio técnico sobre el estado de los colegios públicos de la ciudad.
La propuesta, que ya reclamó en las enmiendas a los presupuestos de 2025, incluye la elaboración de un Informe de Evaluación de Edificios (IEE), acompañado de su correspondiente Certificado de Eficiencia Energética (CEE), con el fin de conocer el estado de conservación, accesibilidad y eficiencia energética de estos centros escolares públicos de la ciudad.
La moción, registrada por el concejal, Keruin Martínez, recuerda las diferentes movilizaciones de las comunidades educativas de colegios reivindicando soluciones a distintos problemas en sus instalaciones, siendo el caso más reciente pero no el único el del colegio Menéndez Pelayo. “Algunos de los problemas conocidos recientemente muestran que las deficiencias pueden darse tanto en edificios antiguos como en otros de más reciente construcción”.
“La antigüedad de muchos edificios escolares, algunos con más de 50 años, hace necesario un diagnóstico riguroso que permita prever y planificar reformas e intervenciones sin esperar a que los problemas se vuelvan urgentes”, ha señalado el concejal de Izquierda Unida, Keruin Martínez. El edil ha explicado que, en los últimos años, se han resuelto múltiples incidencias “gracias al esfuerzo del personal de Talleres Municipales, un servicio muy bien valorado por la comunidad educativa, pero no es razonable que estos equipos sigan asumiendo competencias que exceden sus funciones por tener que intervenir en muchas ocasiones en el problema ha estallado”.
El edil, que durante estos dos años ha llevado a cabo visitas a los centros educativos de la ciudad y ha insistido reiteradamente en la necesidad de mejorar y poner al día muchas instalaciones, ha podido recoger diversas demandas por parte de equipos directivos, personal docente y de servicios y AMPAs, que apuntan a la necesidad de pequeñas y medianas reformas, y algunas de más calado, como los patios, sin que la situación sea necesariamente crítica en todos los casos.
“Además de la antigüedad variable de los centros, se tratan de instalaciones que, por intensidad de uso, sufren un gran desgaste con lo que, a partir de cierto punto, no basta con el mantenimiento, sino que se requieren inversiones más significativas con vistas a regenerar y actualizar”, explica el concejal. “Y eso, continúa, sin entrar en este punto la necesidad de transformación de espacios claves del desarrollo escolar, como son los patios, que en muchos coles no es más que un campo de hormigón sin espacios naturales, sombra o materiales blandos”.
“Se trata de trabajar con planificación y previsión, atender necesidades reales y no llegar tarde”, ha subrayado Martínez, que ha resaltado que, si bien la competencia de las obras mayores y la inversión corresponden a Consejería de Educación, “el Ayuntamiento y la Concejalía de Educación deben ser los primeros garantes de planificar, prevenir y prever las posibles intervenciones a estas instalaciones y sus necesidades de mantenimiento. Para tener claro qué reclamar y con qué prioridad, primero se debe conocer”.
Y es que, en palabra de Martínez, “lo que hemos pedido tantas veces y volvemos a pedir ahora es que, a través de los IEE el Ayuntamiento cuente con información propia, sistemática y pormenorizada, que le permita, en diálogo con la Consejería, programar un calendario de trabajo y una asignación presupuestaria progresiva, para ir atendiendo a una falta de inversión de décadas”.
Por este motivo, la moción plantea destinar a este fin los 100.000 euros que inicialmente fueron presupuestados para la construcción de un albergue de peregrinos en la calle Limón, a través de un convenio que el propio Ayuntamiento ha anulado tras el dictamen desfavorable del Consejo de Estado y una resolución judicial previa por ir contra la Ley de Subvenciones. Según Martínez, “es una oportunidad para reasignar esos recursos a una verdadera prioridad local que afecta directamente al bienestar de miles de niños y niñas de Santander”
Además, añade, “la operación es sencilla, porque basta un acuerdo del Pleno para realizar una modificación de crédito y reasignar la partida presupuestaria a encargar ese servicio, que puede ser respaldado por personal municipal”.
La propuesta del edil es elaborar un informe técnico para evaluar el estado y necesidades de cada edificio, y plantea ejecutarlo durante los meses de verano, con el fin de aprovechar el período no lectivo más largo del año escolar y permitir una evaluación completa antes de que finalice el año.