La formación apuesta por un parque estable de vivienda pública y denuncia que la política actual contribuye a la especulación en lugar de garantizar el acceso a un derecho básico
Izquierda Unida (IU) Santander defenderá en el próximo pleno municipal una propuesta para que el Ayuntamiento inste al Gobierno de Cantabria a reformar la Ley 5/2014, de Vivienda Protegida de Cantabria, que regula las Viviendas de Protección Oficial (VPO), con el fin de que estas mantengan su calificación de protegidas de forma permanente y no pasen, tras un tiempo, al mercado libre como ocurre en la actualidad.
Con la legislación vigente —similar a la de la mayoría del Estado— las viviendas protegidas pierden su condición tras un periodo de años, que van entre diez y treinta años dependiendo de las condiciones, lo que permite que sean revendidas a precio de mercado. “En un país con una crisis estructural de acceso a la vivienda y precios desorbitados, es inadmisible seguir permitiendo que lo que se construye como vivienda pública acabe nutriendo al mercado privado. Es una contradicción frontal con el propósito mismo de las VPO e implica deshacerse de toda la inversión pública que supone generar vivienda protegida”, ha afirmado Keruin Martínez, concejal de IU en el Ayuntamiento de Santander.
Con la actual legislación, que es la que rige en la mayor parte de nuestro país, estas viviendas actualmente dejan de estar protegidas tras un periodo de tiempo, lo que facilita su entrada en el mercado libre. “En nuestro país, con los problemas de acceso a la vivienda y unos precios absolutamente desproporcionados, es inadmisible que se siga construyendo vivienda pública para luego dejar que acabe en manos del mercado privado. Es una contradicción con el objetivo mismo de la vivienda protegida”, ha señalado Keruin Martínez, concejal de la formación en el Ayuntamiento de Santander.
Por ese motivo, Izquierda Unida propondrá que, en Santander, así como en Cantabria, se adopte un modelo que lleva más de dos décadas funcionando en el País Vasco, Navarra o más recientemente en Galicia, como es una protección perpetua de la vivienda adquirida como protegida. “De este modo, desde 2003, ningún vendedor que haya comprado una VPO podrá, pasado un tiempo, especular con ella y venderla al precio de vivienda libre”, ha explicado Martínez. “Eso también da más armas a la Administración, al permitirle contar con un porcentaje de viviendas que esté regulado y verdaderamente protegido. Y en caso de que un propietario de VPO quiera deshacerse de ella, la administración se reserva el derecho de tanteo”.
Martínez ha recordado que su formación ya logró, en el último año, un cambio importante en los estatutos de la SVS, para que esta dejara de vender la totalidad de las viviendas que promueve, y conservara así un porcentaje para destinarlas a alquiler asequible. “Hasta entonces, la empresa municipal se limitaba a construir y vender. Eso no es política de vivienda pública, es actuar como una promotora más. Ahora, al menos, una parte de esas viviendas se queda para el alquiler, que es donde está hoy el mayor impedimento para garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna”, ha explicado. “Para nosotros es aún un porcentaje insuficiente, pero sí planta el germen para la creación de un verdadero parque público de vivienda en Santander”.
Esta iniciativa se enmarca en la lucha que la formación ha centrado en la vivienda “un derecho actualmente secuestrado por la especulación, que está poniendo en jaque el modo de vida de muchísimas personas, transformando nuestra ciudad y afectando incluso en otras materias como convivencia, seguridad o modelo productivo, porque la vivienda es un derecho llave, es decir, que es el primer paso para acceder a otros derechos fundamentales”.