El coordinador federal de IU descarta que los principales objetivos del Ejecutivo de Rajoy sean el ahorro económico o la de acabar con la duplicidad de competencias, y advierte de que “se da otra vuelta de tuerca para la privatización de los servicios públicos municipales”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha tachado hoy de “recentralizador, privatizador y plagado de objetivos bastardos” el anteproyecto de reforma de la Administración Local que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy al Consejo de Estado antes de que se inicie su tramitación parlamentaria.

Lara considera que el Gobierno de Mariano Rajoy “vuelve a hacer su juego de tahúr político presentando como principales una serie de medidas populistas como la de un supuesto elevado ahorro económico o la de una mejor distribución de competencias cuando sus fines últimos van por otro lado”.

Así, el máximo responsable de IU advirtió de que el Ejecutivo del PP “con excusas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y dejando siempre a un lado responder a la demanda efectiva de los servicios que hacen los ciudadanos, da otra vuelta de tuerca para la privatización de estos servicios públicos municipales”.

“Ahora –denuncia- se podrá inhabilitar a determinados ayuntamientos para prestar servicios, los que no sean obligatorios, según el nuevo marco, se suprimirán y el resto serán prestados por las diputaciones y con la posibilidad evidente de ser privatizados. Todo ello en un abanico de posibilidades inaceptable”.

Lara indicó que “el PP quiere cargar al pariente pobre de la Administración Pública, los ayuntamientos, el fiasco de su política económica. El PP criminaliza a las corporaciones locales como si fueran los auténticos responsables de la crisis económica que el Gobierno de Rajoy no ha sabido atajar o de los contundentes recortes de servicios públicos que están ejecutando”.

En su opinión, “los criminalizan por un despilfarro económico que no es tal. La deuda municipal apenas supone un 4% del conjunto de las administraciones. Además, hay que recordar que de cada 100 euros, 13 los gastan los ayuntamientos, 37 las comunidades autónomas y 50 el Estado. Por tanto, los ayuntamientos siguen gastando cerca de la misma cifra que gastaban cuando empezó la transición”.

Lara lamentó también que “el Gobierno demuestra que tira la toalla en lo que de verdad necesitan las corporaciones locales y que es la aprobación de una Ley de Financiación Local que sistemáticamente han venido aplazando los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE ya desde la etapa de los gobiernos de José María Aznar”.

Del mismo modo, Cayo Lara considera una “hipocresía política” que el Ejecutivo diga que piensa acabar con las duplicidades de competencias “cuando el ministro Cristóbal Montoro reconoce con descaro que las diputaciones salen ‘reforzadas’ con esta reforma”. En su opinión, “si realmente se quiere solucionar el problema de competencia en la administración local lo primero que sería necesario es eliminar las diputaciones y repartir sus competencias entre los ayuntamientos y las comunidades autónomas”.

“Potenciar las diputaciones –valoró- supone apostar por el órgano más obsoleto y anacrónico que existe. Ya perdieron su razón de ser cuando se fue desarrollando el sistema autonómico. Lo que hace el PP es mantener una duplicidad de servicios en unas diputaciones obsoletas en la que sí existe ese mismo clientelismo y enchufismo políticos que el PP dice que pretende combatir con esta reforma. Ahí es donde está el problema de fondo”.

Del mismo modo, criticó que se pretendan “suprimir por arte de magia cerca de 1.000 mancomunidades sin saber bien cuál será la alternativa. Con la excusa de que no presentan sus cuentas se las hace desaparecer o se intervienen directamente ayuntamientos cuando estas mancomunidades son precisamente organizaciones creadas por los propios ayuntamientos por su propia decisión para resolver los problemas más cercanos que tienen los ciudadanos y hacerlo de la forma más eficiente y ofertar servicios con menos coste para los vecinos”.

“Quienes tienen que decidir si las mancomunidades son eficientes o no desde luego no es el Gobierno sino los propios ayuntamientos”, indicó.