Así lo hace tras conocerse el auto de la Audiencia Provincial de Cantabria que desestima el recurso de Carlos Cortina (exalcalde del Partido Popular de El Astillero y actual concejal en la oposición) y Rosa Nozal (extrabajadora del ayuntamiento) contra su último intento de lograr el archivo y sobreseimiento de la causa abierta contra ellos por prevaricación.

En un comunicado, la concejala de IU Astillero y coordinadora de IU Cantabria, Leticia Martínez, subraya que llevar este asunto a los tribunales era una “obligación moral y legal” y por ello se sumaron como acusación a la hecha por un funcionario municipal.

“Carlos Cortina, exalcalde en El Astillero y ahora concejal en la oposición, fue responsable máximo de una contratación irregular a una persona cercana a su partido, la cual se llevó a cabo en contra del criterio del interventor y del secretario municipal y durante un largo periodo de tiempo”.

Desde IU señalan que el auto es claro en referencia a los hechos denunciados, el cual explicita que “durante más de tres años, el ayuntamiento de El Astillero pagó de forma irregular casi 100.000 euros a Rosa Nadal, próxima al PP”.

“En IU hemos perdido la cuenta de las veces que reclamamos la dimisión de Cortina como cargo público, así que lo exigimos de nuevo, por enésima vez”, apunta la concejala.

Martínez resalta el papel de IU, tanto en El Astillero como en el resto de la geografía española, “denunciando cualquier atisbo de corrupción y llevando cualquier indicio a los tribunales, como este caso de ámbito municipal pero también muchos otros de mayor envergadura como el caso Bárcenas”.

“Junto a mis compañeros de IU, tanto a nivel municipal como autonómico, denunciaremos cualquier perjuicio que se haga a las arcas públicas o cualquier maltrato a los trabajadores y las familias”, asegura la concejala de IU Astillero y coordinadora regional.

Recientemente, en su primer acto como líder de IU en Cantabria, Martínez denunciaba en rueda de prensa junto al sindicato Maysa, varios casos de “maltratos y malas prácticas” en Mercadona, destacando el caso de una trabajadora, madre de un hijo con discapacidad, a la que no se le permitía acogerse a la reducción de jornada que le pertenece por ley.

“Quienes ostentamos un cargo de representación pública debemos dar ejemplo ético y estético en nuestra labor, en las instituciones, en los centros de trabajo y donde haga falta”, sentencia Martínez. “Solo así podremos devolver la confianza a la ciudadanía”.