Desde Izquierda Unida se pregunta si el ejecutivo de Diego va a continuar poniendo óbices y dificultar el acceso a la sanidad a la población cántabra que por razones socioeconómicas tienen que buscar salida en los países de nuestro entorno.
La disposición adicional al texto de la Ley General de la Seguridad Social que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 26 de diciembre implica que los ciudadanos españoles que no coticen a la Seguridad Social y que realicen una estancia superior a los 90 días en otro Estado miembro de la Unión Europea no podrán tener derecho a cobertura sanitaria en España.
Buena parte del acervo político de la Unión Europea trata de garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos de un Estado miembro en cualquier otro de la UE. Esto se plasma en la libertad de movimiento entre los distintos países pertenecientes a la UE sin que se pierda ni se deje de respetar derecho alguno.
En una respuesta a la pregunta del eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer sobre el tema el Comisario de Sanidad y Consumo, Tonio Borg, afirmó que una persona puede ausentarse temporalmente durante un periodo superior a noventa días y seguir manteniendo su residencia habitual en ese Estado, y por tanto todos sus derechos en el mismo, incluida la asistencia sanitaria.
Por tanto, si se mantiene la residencia habitual pese a realizar una estancia de más de tres meses en un país extranjero, no existiría base jurídica para retirar la cobertura sanitaria a los trabajadores inactivos que se hallen en el extranjero por dicho periodo
Para el coordinador de la formación Jorge Crespo “son este tipo de cuestiones las que nos va a clarificar Nacho Diego en su Tournée por los municipios o hay que pedirle a la Consejera que nos resuelva si va a asumir esta propuesta que solo viene a constatar una política que margina a personas jóvenes, paradas y trabajadoras en precario”. Es la continuidad de un proceso que comenzó con el “apartheid sanitario” a la población inmigrante y la retirada de tarjetas a parados.
Desde IU Cantabria se sigue defendiendo la sostenibilidad de la Sanidad Pública, entiende que el compromiso del ejecutivo y de la consejera Sáenz de Buruaga no pasa por invertir más dinero ahí, ni se quiere recaudar más a través de la lucha contra el fraude fiscal. El Gobierno de Cantabria va a aceptar una iniciativa que se sitúa fuera del marco europeo y que va en contra del derecho fundamental a la salud de los migrantes, en un momento en que muchos desempleados se ven obligados al exilio fuera de la comunidad autónoma para encontrar un empleo.