Izquierda Unida Santander solicita también la despenalización de las conductas de enaltecimiento del terrorismo que no supongan riesgo objetivo alguno para las personas, en aplicación de la última Directiva sobre terrorismo de la UE
La formación que representa Miguel Saro en el Ayuntamiento de Santander, defenderá en el pleno del jueves próximo una moción para obtener el apoyo del Ayuntamiento para instar a las Cortes a eliminar la especial protección de la Casa Real con respecto del resto de ciudadanos del estado frente a la libertad de expresión.
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dictó en marzo de 2018 una sentencia por la que condenaba a España a devolver la multa que, a cambio de no ingresar en prisión, pagaron dos jóvenes condenados por quemar hace 11 años una foto del Rey durante la Diada. La justicia europea considera que esa actuación fue “una expresión simbólica de la crítica política” y que los tribunales españoles, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, vulneraron el artículo 10 de la convención de Derechos Humanos.
El TEDH tiene una jurisprudencia muy clara y sólida (reflejada, entre otros, en un anterior caso contra España, precisamente, por supuestas calumnias al Rey), en virtud de la cual los ordenamientos no pueden otorgar una protección especial y cualificada a sus cargos e instituciones más importantes, sino más bien al contrario, permitir un mayor grado de crítica e incluso ataque por tratarse de instituciones públicas.
Con esta moción, la intención de IU es “la defensa de las libertades frente al uso del código penal como herramienta para acallar la crítica y la libertad de la expresión” según manifiesta su concejal, Miguel Saro, frente a la caduca visión consagrada en el Código Penal, según la cual los Borbones representan la esencia de la unidad y permanencia del estado y deben ser protegidos frente a cualquier crítica.
La resolución presentada también pretende que el Ayuntamiento se pronuncie también para exigir al Gobierno la modificación de los delitos de enaltecimiento para adecuarlos a la Directiva sobre Terrorismo de la UE, según la cual solo son castigables como delito las expresiones que puedan ser efectivamente ligadas a una voluntad y efecto de dar lugar o provocar acciones terroristas.
Bajo el pretexto de este artículo del código penal, se han realizado juicios a personalidades y personas de a pie por ejercer la libertad de expresión a través de sus redes sociales (Cassandra Vera, César Strawberry, Valtonyc…). Una herramienta represiva utilizada con criterios de restricción de la libertad de expresión, según Saro: los juicios por enaltecimiento se dispararon precisamente tras el cese de la actividad terrorista, llegando a multiplicarse por cinco desde el final de ETA con el PP en el Gobierno: en 2011, en el año en el que ETA renunció de manera definitiva a las armas, se produjeron cinco sentencias por este tipo delitos, en 2012 fueron diez, en 2013 subieron a 15, mientras que en 2014 se quedaron en 14 y en el año 2015 ascendieron a 25. Además, desde el 1 de enero de 2016 la Audiencia Nacional ha condenado al menos a 30 personas por el delito de enaltecimiento del terrorismo de ETA y/o los Grapo en redes sociales.
A estos datos se suma el enorme aumento de las sanciones administrativas por la aplicación de la Ley Mordaza, otra herramienta represora para limitar la crítica política y las movilizaciones sociales.
Alquiler Social y viviendas vacías
Igualmente, Izquierda Unida presentó la semana pasada para su debate en Pleno una propuesta de estímulos para movilizar las 11.000 viviendas vacías y no ocupadas en ningún momento del año y destinarlas a alquiler, con gestión directa del Ayuntamiento o intermediando entre demandantes de vivienda y propietarios.
Esta medida está destinada a paliar la enorme incompetencia del Partido Popular en Santander, origen de la enorme pérdida de población de nuestra ciudad. Una pérdida imputable al modelo de ciudad del Partido Popular, basado en una ciudad sin industria, fomentando la construcción en la periferia y desatendiendo el tejido comercial del centro, cuyo único objetivo de crecimiento ha sido la agotar el suelo urbano de la ciudad para alojar a población de otras ciudades en temporada estival, sin atender con políticas sociales de vivienda las necesidades de la población, mientras miles de viviendas están vacías.