Izquierda Unida de Cantabria teme que el Gobierno de Miguel Ángel Revilla podría contravenir la ley al conceder a Solvay una prórroga de 24 meses para la renovación de su tecnología.
En un comunicado, la formación afirma que “la empresa siempre ha llevado a cabo su proceso productivo usando celdas de mercurio (una tecnología muy contaminante) y la legislación vigente establece que, a partir de diciembre de 2017, se debería haber producido la conversión de instalaciones de celdas de mercurio en instalaciones de celdas de membrana”.
Miguel Saro, responsable de Política Institucional de IU señala que “el Gobierno estaría actuando en contra de la legislación española y europea al modificar la Autorización Ambiental Integrada para conceder una prórroga de 24 meses.”
Desde IU, citan textualmente: “La Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las emisiones industriales establece que en un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las decisiones relativas a las conclusiones sobre las Mejores Tecnologías Disponibles (MTD) -publicadas en diciembre de 2013-, la autoridad competente debe revisar y, si fuera necesario, actualizar todas las condiciones del permiso y garantizar que la instalación cumpla dichas condiciones”.
“Es decir, la empresa tenía de plazo cuatro años para actualizar su tecnología y el Gobierno lo conocía o debiera conocerlo y no ha actuado hasta este mes de abril, cuando han optado por una vía que contravendría la ley”, aseveran.
Saro enfatiza que tanto la directiva como el informe “eran conocidos por la empresa y debían serlo por el Gobierno de Cantabria”. “Desde 2010 que se aprobó la directiva y 2013 que se estableció el plazo límite para la actualización de la tecnología, han pasado siete y cuatro años, respectivamente, tiempo sobrado para ponerse al día”.
“Es como si la ley te dice que tienes que adaptar tu local a la normativa antitabaco antes de un plazo, dejas pasar ese plazo sin acometer las reformas, es decir, sin cumplir la ley y continuas con tu actividad”, afirma Saro, quien responsabiliza al Gobierno de Cantabria de este incumplimiento.
Y le acusa de poner en riesgo los puestos de trabajo ante la posibilidad de que ese incumplimiento derivara en sanciones: “mirar hacia otro lado en el cumplimiento de las normas no sólo no beneficia a los trabajadores, sino que les coloca ante el precipicio”, algo “especialmente grave” en una zona tan necesitada de inversiones como es la comarca del Besaya.
“El Gobierno de Cantabria se ha acostumbrado a vivir al margen de las normas, como les pasó con el frustrado plan eólico, la Fundación Comillas, las sucesivas reformas de la Ley del Suelo y tantos proyectos frustrados, sin darse cuenta de que son los incumplimientos de las normas los que convierten esos proyectos a la carta en frustrados”, advierte Saro.