El coordinador general de Izquierda Unida Cantabria, Israel Ruiz Salmón, defiende desarrollar y ampliar las competencias del Estatuto de Autonomía de la comunidad, en el 40 aniversario de su aprobación.
En un comunicado, el líder de la coalición cántabra ha recordado que el Estatuto supuso “el inicio de una situación administrativa y de identidad para Cantabria que fue largamente demandada socialmente”, de forma paralela a los anhelos democráticos en otros territorios del Estado. “No en vano, el propio preámbulo de nuestro estatuto sitúa a Cantabria como ‘comunidad histórica’”, incide.
Ruiz Salmón reivindica el papel jugado por el pueblo cántabro para dotarse de autogobierno “canalizando una identidad y cultura propias” que, 40 años después, “deben potenciarse y divulgarse para conocimiento de toda la población”.
Según explica, desde su aprobación y posterior entrada en vigor el 1 de febrero de 1982, “apenas ha habido un enriquecimiento sobre el texto y su aplicación que tenga implicaciones reales y de fondo” para la población cántabra.
De hecho, constan pocas modificaciones, siendo la última en 2021 para la supresión de aforamientos. Y tampoco existe un desarrollo legislativo amplio según el articulado del Estatuto, siendo el de mayor alcance en los primeros años, cuando se formaliza el traspaso de servicios del Estado, el régimen jurídico, el himno o la bandera, entre otras cuestiones. Posteriormente, se regularía el Consejo Económico y Social (1992), las entidades locales menores (1994) o las comarcas (1999).
“La comarcalización que ahora parece de actualidad está sin desarrollar pese a tener una Ley con más de dos décadas y ser parte del Estatuto; vamos tarde en éste y otros muchos temas”, señala.
En este sentido, considera que los sucesivos gobiernos “no han ejercido de forma eficaz y eficiente buena parte de sus competencias”, como en cultura y patrimonio, urbanismo, sector primario, industria o vivienda “donde no hay normativa o la que hay está lejos de satisfacer un desarrollo sostenible y las demandas sociales y de los 102 municipios”, o el propio Defensor del pueblo cántabro que no existe.
Por otra parte, afirma que el texto “adolece de un blindaje de derechos o inclusiones que sí existen en otros estatutos autonómicos, como la gestión del agua, en el uso del embalse del Ebro, que cada año trae la misma polémica y podría evitarse”.
“Hay mucho margen de mejora que plantearemos en la próxima legislatura en el Parlamento para que signifique una mejora en la vida de la población cántabra y un proyecto de comunidad sólido y serio”, sentenciaba.