Desde Izquierda Unida denuncian la irresponsabilidad y el ataque al derecho a la salud que el Gobierno de Cantabria está cometiendo no dando respuesta a las personas que excluyeron del sistema de Sanidad Pública. Considera insuficiente el desarrollo del Programa Cántabro de Protección Social de la Salud Pública porque no está incluyendo de forma real a las personas inmigrantes y exige al gobierno la restitución de la tarjeta sanitaria a la población a la que se la ha retirado.
Para IU desde la Consejería no se están poniendo en marcha los mecanismos necesarios para facilitar la inclusión de las personas inmigrantes en el sistema sanitario, generando así una merma en los derechos centrados en un principio de discriminación. Para el coordinador Jorge Crespo “la titular en Cantabria sólo se ha dedicado a asumir las directrices de Ana Mato, generando un parche que no acaba de dar respuesta a las personas afectadas“.
Izquierda Unida denuncia que la Consejería mantiene un discurso hacia la ciudadanía y por otro lado una actitud que atenta contra los principios de humanidad que tanto pregonan, en los últimos días la formación cántabra ha conocido el caso de una menor sin tarjeta sanitaria, que una vez vista en urgencias de la residencia Cantabria, se le realiza un diagnóstico de embarazo normal y se la remite para su control a su centro de salud, donde por tres veces se le niega la atención por no tener tarjeta sanitaria, cuando se la atiende, se la deriva a la Residencia Cantabria para una consulta y al realizarle una nueva ecografía se comprueba que el feto había muerto.
Para IU este suceso es la punta del iceberg de la situación que tienen que afrontar las personas a las que se les retiró la tarjeta sanitaria, en el caso de la menor esperan que la administración correspondiente abra una investigación para depurar responsabilidades y de la misma forma se asuman responsabilidades políticas; “en este caso la ley es clara” señala Crespo “ya que el derecho de atención estaba asegurado por ser menor y por tratarse de una mujer embarazada” para el coordinador “así se retratan los que tanto se empeñan en modificar la ley del aborto para proteger el derecho a la vida“. Para la coalición la consejera María José Sáenz de Buruaga tendrá que dar explicaciones sobre estas situaciones, que poco parecen preocuparla, no podemos olvidar sus continuas declaraciones proclamando que se está atendiendo a todo el mundo.
Cabe recordar que en septiembre de 2012 en Cantabria se retiraron 3.000 tarjetas cuando entró en vigor la norma que privó de asistencia a 873.000 inmigrantes en toda España. Mientras los responsables públicos continúan hablando de garantías, es una injusticia mantener la privación del derecho a la asistencia sanitaria.
El derecho a la sanidad es uno de los temas que preocupa al Comité Europeo de Derechos Sociales que en su último informe dice que España está cometiendo seis incumplimientos de lo acordado en la Carta Social Europea y aunque el periodo analizado por el Comité va desde el 2008 al 2012, éste anticipa su opinión crítica para dar la oportunidad a Ana Mato de corregir su error lo antes posible.