Ambas formaciones tratan de llevar al Tribunal Constitucional el Real Decreto Ley 20/2022, que elimina la necesidad de someter a los proyectos de parques eólicos de mayor envergadura al requisito de evaluación ambiental. Además, han denunciado ante el Parlamento Europeo este decreto por posible incumplimiento de la normativa europea.

Podemos Cantabria e Izquierda Unida Cantabria han abierto distintas líneas de trabajo para tratar de dejar sin efecto los artículos del Real Decreto Ley 20/2022, por los que el Gobierno central pretende acelerar la implantación de las renovables recortando las garantías de protección ambiental. Para ello, han remitido un informe al Defensor del Pueblo en el que le solicitan que incoe un recurso de inconstitucionalidad, y otro al Parlamento Europeo explicando los puntos en los que el Real Decreto incumple normativas europeas.            

Desde Podemos e IU afirman que el Real Decreto “es contrario al artículo 45 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida, y defender y restaurar el medio ambiente”. Por otro lado, ambas formaciones señalan que “vulnera varios artículos de la Ley de Cambio Climático, en la que se apuesta por una implantación de las renovables participativa y respetuosa con el medio ambiente”.

En cuanto a la denuncia ante el Parlamento europeo, Podemos e IU señalan que “el artículo 6 del Reglamento (UE) 2022/2577, del Consejo del 22 de diciembre de 2022, permite a los Estados miembros eximir a los proyectos de energías renovables de la evaluación de impacto ambiental, a condición de que el proyecto esté ubicado en una zona específica de energías renovables sometida a evaluación ambiental estratégica previa”. Pero, según afirman fuentes de ambos partidos, “el Real Decreto Ley 20/2022 ignora por completo las condiciones que marcan desde Europa, obviando la necesidad de tener una evaluación ambiental estratégica previa”.

Asimismo, desde la coalición Podemos-IU apuntan que el decreto “tampoco cumple el Convenio de Aarhus, que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y que fue incorporado a la legislación española mediante la Ley 27/2006”.

Mónica Rodero, candidata de Podemos al Parlamento de Cantabria, declara que “vamos a plantar cara a este Real Decreto y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger nuestras montañas”. Rodero recuerda que “Podemos e IU estamos a favor de la implantación de las renovables, por eso elaboramos la Ley de Cambio Climático”, y pone el énfasis en que “nuestros principios son claros y están recogidos en esa Ley: la implantación de las renovables ha de ser respetuosa con el medio ambiente, y deberá contar con la participación ciudadana”.

Por su parte, la candidata de IU y número dos de la coalición, Carmen Martín, defiende que la alternativa “no sólo es posible, sino que en Cantabria tendrá a Podemos-IU para defenderla tras el 28 de mayo”.

Así, plantea que la planificación pública es clave y el futuro gobierno autonómico tendrá que sacar adelante el Plan Regional de Ordenación del Territorio que durante dos décadas PRC, PSOE y PP han mantenido en el cajón.

“Esta planificación debe ser respetuosa con el territorio con evaluación ambiental de por medio y que, además, integre la generación de tejido productivo local y favorezca comunidades energéticas tanto rurales como urbanas”, sentencia.