Los vagones, que fueron trasladados el pasado viernes desde la terminal de mercancías de Muriedas, han despertado la preocupación de los vecinos al incumplir la normativa de seguridad de ADIF
Unidas por Santander reclama que RENFE paralice la desagasificación de dos vagones, actualmente vacíos pero que requieren ser limpiados de ETANOL, que se encuentran estacionados en el taller de ferrocarril de Cajo (Santander), desde el pasado viernes, 26 de febrero.
Los vecinos de la zona, alertados por un representante del sindicato CGT en Renfe, han reclamado ya el trasladado de estos vagones cargado de mercancía peligrosa fuera de Santander. Y es que su presencia incumple el Real Decreto 948/2003, así como la normativa de seguridad de ADIF, que requiere que el estacionamiento no se lleve a cabo en una estación de núcleo habitado o cuando aquella esté situada a menos de 500 metros de distancia del núcleo más próximo de población agrupada.
“La estación se encuentra a menos de 20 metros de los talleres de Cajo, donde trabajan al menos 30 personas y están a menos de 500 metros de la población, así como de lugares tan sensibles como el Hospital de Valdecilla”, denuncia el concejal de la coalición, Miguel Saro. “Esto incumple la normativa vigente para el traslado, estacionamiento y limpieza de este tipo de vagones y pone a la población en un riesgo innecesario. También hay que recordar que la propia ley establece que estas mercancías no pueden estar estacionadas tampoco debajo de la catenaria ante su alto riesgo de explosión”.
“Reclamamos que Renfe detenga el procedimiento que han puesto en marcha sus empresas, Fabricación y Mantenimiento y Mercancías, y busque un lugar alternativo y seguro para llevar a cabo la desgasificación y despresurización de estos vagones cisterna”, insiste Saro.
El edil también cuestiona al Gobierno de Cantabria si ha recibido la declaración responsable que la ley requiere a la empresa de que las instalaciones cumplen con los requisitos legales para llevar a cabo en ellas este tipo de procedimientos. “De ser así, nos preguntamos por qué no se ha pedido la paralización inmediata de dicha actividad, tal y como ampara el Real Decreto 948/2003.