La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha requerido al Gobierno de Cantabria para que justifique la necesidad de las obras del Puerto Deportivo de San Vicente de la Barquera ante su posible paralización.

Así lo ha informado la Plataforma contra el Superpuerto Deportivo, colectivo que representa a distintas asociaciones ciudadanas, ecologistas y partidos políticos, que ha censurado la “temeridad” del Gobierno de Cantabria de tratar de “someter a la población a una política de hechos consumados” con esta infraestructura para “esquivar” la denuncia que ha presentado en los tribunales la organización conservacionista Ecologistas en Acción.

En concreto, la denuncia repasa las distintas afecciones al medio ambiente y los incumplimientos normativos que causará esta infraestructura, motivo por el que va acompañada de una petición de medidas cautelares en las que se pide la paralización de las obras “antes de que sea demasiado tarde y nos encontremos una sentencia que ilegalice el proyecto cuando ya está hecho”.

Desde la Plataforma han defendido otras alternativas con menor impacto, como que la ampliación de la infraestructura fuera “racional” hasta un máximo de 80 nuevos amarres, frente a los 272 previstos por el Ejecutivo, o que buena parte de los 6 millones presupuestados para la obra se destinasen a desarrollar un pequeño polígono de servicios para las actividades locales de los barquereños. Sin embargo, “el Gobierno las rechazó y optó por un proyecto maximalista”.

“En lugar de actuar con rigor y esperar a la acción de la Justicia, algo que no estaría de más vista la carrera judicial de los proyectos del ladrillazo público, la Consejería de Obras Públicas se ha embarcado en una huida hacia adelante con la que quiere imponernos otra obra más propia de los tiempos de la burbuja”, aseveran desde la Plataforma contra el Superpuerto Deportivo.

Así, han recordado el protagonismo del hoy diputado en el Congreso por el PRC José María Mazón en este proyecto cuando era consejero de Obras Públicas y han advertido de que tanto Mazón como el presidente Revilla son “responsables” de una “colección de fiascos judiciales que hacen que sea razonable desconfiar de cualquier cosa que huela a su ladrillazo por toda la comarca”.

“Hablamos del mismo Gobierno y la misma Consejería que permitió que Cantabria fuere regada de urbanizaciones ilegales, alguna de ellas en la propia San Vicente de la Barquera”, advierte la Plataforma, que repasa proyectos “como el campo de golf, la variante de Comillas que discurría por la zona o las normas subsidiarias de San Vicente”, entre otras, todas anuladas por los tribunales y en las que “Revilla y Mazón siguieron adelante pese a los reiterados avisos de grupos ecologistas de que iba a acabar pasando lo que al final pasó: su anulación por incumplir la Ley”.

Para los denunciantes, Revilla y Mazón están haciendo que Cantabria “caiga, no una, sino cientos de veces, en las mismas piedras” al “entregar nuestro territorio a un modelo de campos de golf y puertos deportivos que nos llevó a la crisis y que ya se ha comprobado que no sólo no arregló nuestros problemas, sino que nos ha dejado a la cola de todos los datos de empleo y con una durísima crisis industrial”.

Además, han apuntado al Gobierno que “si no le vale con mirar todas las veces que la Justicia ha demostrado que sus proyectos para la zona no han sido ni eficaces ni legales, también les debería servir la experiencia de otros territorios, como Laredo, víctima también de un superpuerto que no cumplió las previsiones y que nos está costando mucho dinero de todos los cántabros llenar”.

“Revilla y Mazón son incapaces de superar ese modelo, y pese a que se ha comprobado que no sirve, nos vuelven a meter en un puerto deportivo”, reprochaban.