Izquierda Unida de Laredo, tras esperar una semana, recopilar información y valorar todas las posibilidades, tiene muy claro que esta nulidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tiene un sólo responsable y no es otro que el gobierno regional.
Todos los Laredanos tienen que conocer que la nulidad del PGOU por el TS se debe, única y exclusivamente, a la falta del informe preceptivo de telecomunicaciones.
Este plan general fue votado en pleno municipal a finales del mandato del PP. Todos los concejales del PP, menos uno que se ausentó, los concejales de IPDL y dos no adscritos votaron favorablemente al plan. Los concejales del PSOE y del PRC y nuestro único concejal votaron en contra del PGOU. Con posterioridad, el documento votado en el pleno tiene que ser visado por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) que es el órgano encargado de la aprobación de dicho plan. Si en ese momento se detectó la falta de algún documento, los encargados de solicitar dicha documentación son ellos y sólo ellos.Por desgracia, no fue así, y la CROTU aprobó definitivamente el PGOU sin este informe de telecomunicaciones, y lo más preocupante, es que no existe un motivo racional o lógico que explique esta decisión del máximo órgano regional con competencias en urbanismo.
En resumen, la postura de Izquierda Unida de Laredo es clara y firme, el máximo y único responsable es el gobierno regional y desde IU Laredo queremos depurar responsabilidades, por lo que exigimos hacer una reclamación de responsabilidad patrimonial por la nulidad del PGOU 2015 de Laredo, conforme sentencia del TS.
Exigimos al equipo de gobierno de Laredo que ponga todo su empeño en realizar dicha reclamación y animamos a los grupos de la corporación pejina a que entre todos reclamemos responsabilidad patrimonial al gobierno regional de Cantabria por esta incomprensible chapuza, y, al menos, poder recuperar lo gastado por el pueblo de Laredo, que es la no despreciable cifra de unos 700.000€.
Tenemos algún ejemplo cercano como el ayuntamiento de Santander, donde sí reclamaron responsabilidad patrimonial, estamos convencidos que la responsabilidad en esta nulidad corresponde exclusivamente al gobierno regional.