Jorge Crespo, coordinador de IU Cantabria, considera que las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas sobre la reforma de la Ley del Suelo muestran lo inútil de ésta.

Según ha indicado Jorge Crespo, los tres grupos políticos PP, PSOE y PRC presentes en el Parlamento autonómico, que aprobaron por unanimidad la reforma de la ley del suelo en 2011 para condicionar los derribos de viviendas ilegales a la entrega previa de la indemnización a los perjudicados, llevaron a cabo una “componenda política”, demostrando que no tienen un compromiso real con la solución definitiva del problema.

Así, el coordinador de Izquierda Unida ha sostenido que dicha reforma de la Ley del Suelo no puede suponer una solución ni al problema de los propietarios ni a la degradación de la costa cántabra. Según Crespo, “al vincular el derribo de viviendas sobre las que pesa una sentencia firme de derribo por infracción urbanística a la consignación de la correspondiente indemnización mediante el oportuno procedimiento administrativo, la situación se perpetúa al no existir fondos públicos suficientes”. Por ello, la reforma sólo supone una “patada a seguir” que pospone el desenlace final en el tiempo de forma indefinida.

De este modo, lo único que se consigue es que la situación se perpetúe con perjuicio para todos: “los propietarios no pueden ocupar las viviendas ni realizar ninguna reforma que garantice su correcta habitabilidad, dada su situación, y el desastre que supone para el entorno no se comienza a reparar al no poder ejecutar los derribos”, afirma Crespo.

Además, la reforma de la ley del suelo de PP, PSOE y PRC supuso una auténtica “chapuza legislativa” ejecutada a conciencia, con el único objeto de tranquilizar los ánimos de los afectados en un momento preelectoral, que será seguramente echada abajo por el constitucional al invadir competencias legislativas del parlamento central en material del proceso contencioso-administrativo.

También, el coordinador de IU Cantabria ha sostenido que la verdadera intención del tripartito presente en el parlamento cántabro sobre este tema, “ha sido siempre “escurrir el bulto” y lavar su mala conciencia por su responsabilidad en la autorización de dichas obras”. Crespo ha recordado que las viviendas afectadas por los derribos fueron autorizadas por administraciones del mismo color político que el que ocupa las bancadas del parlamento cántabro, y que ninguno de los tres grupos puede eludir su responsabilidad en los derribos, con el consiguiente perjuicio personal para muchas familias, para los escasos recursos públicos, y para la costa cántabra.