Izquierda Unida en El Astillero defiende que el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) y la guardería se gestionen de forma “cien por cien pública”.

Leticia Martínez, portavoz y edil de Izquierda Unida en El Astillero, considera que “la gestión pública de estos servicios es “fundamental” para garantizar el acceso “universal a los vecinos del municipio, sea cual sea su situación socioeconómica”.

Se pronuncia así tras conocer que tanto la mesa de licitación del SAD como la de la guardería han quedado desiertas “por incluir precios fuera de mercado”, según aseguran las posibles adjudicatarias.

A juicio de Martínez, este escenario supone un “duro revés” a la gestión del alcalde regionalista, Francisco Ortiz, quien licitó ambos proyectos “previniendo la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos Públicos y ahora nos encontramos con la nada como respuesta”.

La portavoz añade además que la licitación del SAD no incluía cláusulas sociales y los precios por hora “eran tan bajos que sólo repercutirían en la situación económica de las trabajadoras, ya de por sí precaria dado que todas están contratadas a jornada parcial”.

En relación a la guardería, la portavoz de IU ha indicado que este miércoles debería haberse celebrado la mesa de contratación para su adjudicación, tal y como recogen los pliegos administrativos de la licitación –tres días hábiles después de finalizar el plazo de presentación de proposiciones-, pero no ha sido así porque ninguna empresa ha optado”.

Para Martínez, el hecho de que ninguna empresa se haya interesado supone “una enmienda a la propuesta del Gobierno” y considera que el grupo regionalista “ha de reflexionar sobre el camino que está siguiendo y aprovechar la oportunidad de reconducirlo”.

En este sentido, critica que hasta ahora el PRC “ha optado por un tipo de procedimiento de adjudicación que en IU “no comparten en absoluto”.

Según ha descrito la edil, el alcalde ha decidido privatizar este servicio por la vía de la ‘concesión de dominio público’, “que está al margen de la ley de Contratos del sector público”.

Esto se traduce en que el Ayuntamiento “ha puesto a disposición de un tercero una infraestructura, que nos costó a los astillerenses mucho dinero, para que la explote un empresario en su beneficio y no en beneficio de los vecinos”.

“El propio pliego no obligaba a poner en marcha una guardería como tal, sino que también hubiera podido ser una ludoteca, lo que añade todavía más incertidumbre a la gestión del destino de los recursos públicos”, opinaba.

Asimismo, ha detallado que la adjudicataria podía marcar los precios que quiera sin tener que negociar con el Ayuntamiento las tarifas “por lo que si el empresario no hubiera querido no habría bonificaciones por familia numerosa, por discapacidad u otros”.

Para Martínez, las cláusulas del pliego “no especificaban cuál es la prioridad”, algo que ella critica porque “la función primordial de una Escuela Infantil ha de ser la de la conciliación de la vida familiar y laboral” y, por tanto, “contemplar escenarios como que ambos progenitores trabajen o guardar plazas para situaciones de riesgo”.

“No tiene sentido alguno que el Ayuntamiento se desentienda del espacio de la guardería y lo deje en manos privadas, quienes ofrecerán los servicios a precios privados buscando un lucro económico y no a precios públicos con los que priorizar la conciliación familiar y la situación económica de cada caso”, opinaba.

Martínez considera que “los vecinos han de saber que el alcalde ha puesto en bandeja unas instalaciones públicas para que lo gestione un ente privado, donde los precios no serán aprobados por el Ayuntamiento y tampoco se conoce si existirán bonificaciones”.

“Si ya nos parece mal que se haga una concesión de un servicio porque, al fin y al cabo, es una privatización de un servicio municipal, lo que se ha planteado en este caso desde el equipo de gobierno es la concesión de dominio público, es decir, el uso y no el servicio, lo que significa poner a disposición de un empresario los medios municipales para que lo gestione como quiera y ponga los precios que quiera”, apostillado.

Por todo ello, Martínez insta al Gobierno local a escuchar la propuesta de IU de gestionar los servicios directamente desde el ayuntamiento “con el fin de que los usuarios de la atención domiciliaria y la guardería puedan beneficiarse de la mejor atención posible”, dado que, recuerda, “la mayoría son menores o personas de avanzada edad”.