Con relación a ese conflicto, el concejal de IU ha registrado una pregunta para conocer la interpretación del contrato sobre las amortizaciones de puestos de trabajo que realiza la empresa.

Miguel Saro ha destacado que la empresa ha amortizado desde la firma del contrato casi 60 puestos de trabajo con la excusa de la modernización de los servicios de limpieza, algo que los vecinos de Santander no ven en la ciudad, donde cada vez se acumulan más suciedad.

“Los santanderinos estamos sufriendo los ajustes en plantilla de ASCAN GEASER en la pérdida de higiene de nuestras calles. Se debe reprochar a la Junta de Gobierno del PP que no incluyan clausulas sociales en los contratos y permitan a los concesionarios de servicios públicos ofertas a la baja que suponen una pérdida de la calidad en el servicio y el descenso de derechos de los trabajadores de las contratas.”

“Este conflicto trabajadores-empresa y vecinos-ayuntamiento es otra consecuencia de la progresiva externalización de servicios públicos, marca de la casa del PP, que destina más de 55 millones de euros anuales de los presupuestos municipales en pagar a terceros por servicios públicos”

Por ello Izquierda Unida preguntará en el Pleno por la interpretación del contrato que realiza la Junta de Gobierno sobre el límite de amortizaciones que se prevén en el contrato, y su límite cuantitativo y temporal.

 

 IU también presentará una moción para exigir mayor colaboración del Ayuntamiento y la Consejería de educación en la conservación y mantenimiento de los centros de educación primaria.

Izquierda Unida solicitará que se constituya una comisión mixta de técnicos municipales y de la Consejería de Educación para establecer criterios claros en cuanto a la debida atención de los colegios de educación primaria, donde las competencias de conservación y mantenimiento son municipales y las de inversión, autonómicas, y que se redacte un plan anual de actuaciones desde ambas administraciones.

“La situación de algunos centros es alarmante”, afirma Saro, quien conoce esta por las múltiples reclamaciones de las direcciones y de la AMPAs, “hasta el punto de haber obligado a un colegio -El CEIP Sardinero- a acudir a los tribunales para obtener tutela frente a la inacción de las administraciones”

En lo que compete al Ayuntamiento de Santander, Saro reprocha que la actitud habitual del gobierno local es rechazar cualquier intervención que requiera una obra mayor, hasta el punto de exigir a las direcciones de los centros el pago de los materiales, poniendo el Ayuntamiento la mano de obra en actuaciones que son de su competencia.

Para Saro, ninguna solución puntual a un solo centro podrá resolverse si no se crea un protocolo de actuación entre ambas administraciones que aclare los criterios de actuación de cada una, junto con una estricta labor de inspección de los edificios de titularidad municipal.