La mesa del Parlamento ha dado traslado a los grupos políticos de dos Proposiciones No de Ley (PNL) registradas por Izquierda Unida en relación a la brecha de género en el empleo de Cantabria y las informaciones sobre pago de comisiones y cuentas opacas, y la apertura de investigaciones judiciales en Suiza y España al rey emérito.

Así se lo ha comunicado el presidente del Parlamento a IU tras la decisión tomada por la Comisión de Peticiones el 9 de octubre, varios meses después de que la izquierda cántabra registrara ambas propuestas. 

“Este órgano, al que puede acceder cualquier persona o colectivo de la sociedad, debería tener cauces más rápidos para poder dar respuesta a las demandas que vienen de fuera, mucho más pegadas a la realidad que los debates que con frecuencia nos acostumbran desde dentro del Parlamento”, defienden.

“De hecho, la participación ciudadana no es muy prolija, por lo que no existe excusa alguna para bloquear por más de dos meses iniciativas como ha ocurrido con estas o como probablemente ocurrirá con las que vengan”, insistían. “El Parlamento, tal y como recoge el propio reglamento de la Cámara, tiene el deber de conducir las propuestas que lleguen, sea desde dentro o desde fuera”.

“Democratizar el trabajo dentro y fuera del hogar para la sostenibilidad de la vida”

En la primera de las PNL, con fecha de entrada el 21 de julio, IU defiende que el trabajo en el hogar y de cuidados es “la pieza angular que sostiene aquel que se desarrolla fuera, antes de la COVID y ahora, y en consecuencia, garantizar oportunidades para las mujeres y democratizar ambos espacios es fundamental para la sostenibilidad de la vida”.

Por ello, plantean impulsar planes y programas específicos para la recuperación del empleo de las mujeres que se han visto abocadas a dejar sus puestos de trabajo para afrontar tareas de cuidados de hijos y personas dependientes.

Se trata de promover la racionalización de horarios y la llamada «desconexión digital», mediante la creación e implementación de bonificaciones e incentivos para todas aquellas empresas que reduzcan la jornada laboral sin disminución de los salarios.

Además, la PNL de IU aboga por promover convenios laborales marco con cláusulas que garanticen la igualdad de género en el ámbito laboral, incluida la igualdad de retribuciones en todos los conceptos y la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, así como establecer un certificado de responsabilidad social que impida a la Administración cántabra la contratación  con  aquellas  empresas  que  vulneren  los  derechos laborales,  no  garanticen  la  conciliación  o hayan  sido  sancionadas  por  la  autoridad  laboral  por  incumplimientos  graves.

La Proposición No de Ley apuesta por recuperar la gestión directa de servicios públicos externalizados con empresas privadas y que concentran una amplia mayoría de mujeres trabajadoras.

Además, se solicita que se elaboren informes anuales por  parte  de  la  Dirección General de Igualdad del Gobierno de Cantabria, en coordinación con la Dirección General de Formación Profesional y Empleo Permanente y las Consejerías de Economía y Hacienda y la de Empleo y Políticas Sociales, que estimen y cuantifiquen el  valor  económico  del  trabajo  doméstico,  incluido  el  cuidado  de  las  personas, y difundir el resultado de dichas estimaciones en la sociedad cántabra, con el fin de dar a conocer y valorizar su importancia económica y social.

Finalmente, se persigue promover en el sistema educativo una cultura que, frente a los modelos individuales de éxito, ponga en valor los cuidados, la vida comunitaria, la gestión participativa y el uso compartido del espacio público, que contribuya a generar entornos donde sea fácil construir redes de apoyo mutuo, en condiciones de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

Apoyo a las investigaciones sobre el rey emérito y retirada de honores

La segunda PNL se registró a principios de agosto tras las noticias sobre el pago de comisiones al rey emérito, Juan Carlos I, por el AVE en Arabia Saudí –sobre las que se ha abierto investigación por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo—y que las sitúa entre los años 2008 y 2012, es decir, “justo cuando España estaba atravesando lo peor de la pasada crisis económica y la población sufría todas sus consecuencias”.

“El presidente Revilla tiene una gran oportunidad de demostrar su discurso contra la corrupción y el PSOE su supuesto carácter republicano, incluso Ciudadanos puede confirmar su presunto mensaje de regeneración”, aseveran desde IU.

En la iniciativa instan al Parlamento a que muestre su apoyo para que se den todas las investigaciones necesarias sobre el rey emérito, incluyendo a todas las personas que puedan estar implicadas, por acción u omisión.

También se respalda que deje de pertenecer a la familia real y se le quite el título de emérito, además de instar al Congreso a que revise los aforamientos, tanto de los cargos públicos como de los miembros de la familia real para evitar que los hechos delictivos queden impunes.

En el plano de los honores, se pide retirar aquellos que el Gobierno o el Parlamento de Cantabria hayan promovido o aprobado, tales como el nombre de Juan Carlos I de edificios dependientes de la Administración Pública, premios o cualquier otra instancia, sea física o simbólica.

En la misma línea, se aboga por Instar a las Administraciones locales de Cantabria a revisar su callejero para eliminar las alusiones al rey Juan Carlos I de cualquier espacio municipal.

En general, se apuesta por una mayor transparencia de todos los miembros de la familia real y de la familia del rey, y, en concreto, que hagan públicas sus declaraciones de bienes en el extranjero.

Además, plantean que se valore la posibilidad de incluir a la monarquía y el modelo de Estado en alguno de los próximos barómetros de opinión que elabora y publica periódicamente el Centro de Investigaciones Sociológicas, con el fin de pulsar la opinión “real” de los ciudadanos.