Jorge Crespo, coordinador de IU Cantabria, denuncia el impulso que supone la ley para la privatización de la costa.
Según ha afirmado el coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, el proyecto presentado por el ministro Arias Cañete supone “la definitiva renuncia a proteger el litoral, que se pone en venta y se destina por completo a la explotación turística, sin otras consideraciones medioambientales”.
Para Jorge Crespo, la garantía para la seguridad jurídica de los afectados por la ley anterior, alegada en la presentación de anteproyecto no es tal, sino la definitiva entrega a la especulación urbanística de la zona pública marítimo-terrestre. Desde Izquierda Unida se quiere recordar que precisamente la falta de diligencia de la administración y compromiso político de los gobiernos centrales en desarrollar la ley de costas desde 1988 y vigilar sus infracciones, ha sido lo que ha originado el crecimiento de explotaciones industriales y turísticas infractoras.
Ahora se institucionaliza la política de la excepción frente a la generalidad a través de la amnistía. Según Crespo, “la nueva ley opta por el borrón y cuenta nueva, la amnistía a las conductas infractoras y privilegia a quienes han ocupado suelo público frente a quienes no lo han hecho.”
Para Izquierda Unida, la posibilidad de que los concesionarios extiendan su concesión a 75 años, y que puedan disponer plenamente de su concesión como si fueran propietarios para transmitirla, evidencia que el Gobierno pretende dar carta de naturaleza a éste régimen, cancelar su situación transitoria, y permitir su uso en el tráfico jurídico como si fuera una propiedad más.
Crespo considera el proyecto de nueva ley profundamente miope, ya que obvia que la zona de dominio público marítimo terrestre está sujeta a continuos cambios naturales producto de la acción de la naturaleza, por lo que la costa es la zona que peor soporta la acción del hombre de forma permanente. Sin embargo, el plazo de duración de la concesión obligará a la administración a garantizar a los concesionarios el disfrute de la concesión pese a las dificultades de mantenerlas en muchos casos.
En Cantabria veremos como en aplicación de la ley, el Gobierno de Ignacio Diego permitirá destruir aún más la costa como modelo para salir de la crisis a través de la privatización del litoral y la especulación urbanística. Según Crespo, “no hemos aprendido de éstos últimos 20 años de desarrollismo urbanístico, al encaminarnos hacia otro modelo de destrucción del medioambiente, verdadera riqueza de nuestra comunidad”.