Izquierda Unida de Cantabria (IU) ha reclamado al Gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla que haga llegar a la Fiscalía las irregularidades que, según el gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Julián Pérez Gil, habría cometido el Partido Popular en la contratación de la obra de la Farmacia de Laredo.

La coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, se pronuncia así tras las graves acusaciones del gerente del SCS, quien calificó ese proyecto de “auténtico escándalo” y que compromete la gestión del Partido Popular en dicho organismo, cuya máxima responsable era María José Sáez de Buruaga, en aquel momento Consejera de Sanidad.

“¿Cómo un alto cargo, responsable de la gestión de la sanidad en Cantabria, que realiza este tipo de acusaciones no se planta inmediatamente en la Justicia nada más conocer los graves hechos que afirma?, se pregunta Martínez.

Para la representante de IU “este fuego cruzado” entre populares y Gobierno es “una desgraciada tradición en Cantabria” que supone “un grave perjuicio para las instituciones y distancia todavía más a las familias cántabras que ven en sus representantes a unos completos irresponsables”.

Martínez defiende que, al igual que ha hecho Izquierda Unida, ponga en conocimiento de la Fiscalía “todo aquello que considere irregular o constitutivo de delito”, como ahora acusa a los populares de haber troceado un contrato en 16 partes para adjudicárselo por completo a la UTE Tiroa-Garbialdi y por la cual se habría adjudicado más de 600.000 euros.

“No podemos permitir que el tripartito que siempre ha hecho y deshecho en Cantabria a su gusto siga perpetuando sus malos modos y sus cuestionables gestiones, trasladando esa preocupación a todos los cántabros”, criticaba Martínez.

En este escenario, Martínez reclama “responsabilidad a todos los grupos” y que dejen de “poner en cuestión la sanidad pública que mantenemos entre todos”.

En este sentido, ha instado a Revilla que sea coherente con la felicitación que hace una semana brindó a Izquierda Unida por llevar las presuntas irregularidades del SCS a la Fiscalía y haga lo mismo “si tan seguros están de lo que denuncia Pérez Gil”.

“En caso contrario”, añade la líder de IU, “nos puede hacer llegar toda la documentación para que desde nuestra formación la estudiemos y actuemos con la responsabilidad que ni el Gobierno PRC-PSOE ni lo populares están teniendo”.

Para finalizar, Martínez ha incidido en que “no vamos a permitir que se perpetúe este juego ni que se intente aplicar el ventilador; si hay alguna irregularidad o delito será la Justicia la que dictamine las consecuencias y, si no la hay, será el tripartito cántabro -PP, PRC y PSOE, el que tendrá que dar explicaciones por haber creado esta alarma social en Cantabria”.

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Leticia Matínez, coordinadora de IU Cantabria: