Izquierda Unida de Cantabria volverá a pedir al Parlamento Europeo que se posicione en relación al superpuerto de San Vicente de la Barquera, toda vez que las obras de éste han sido paralizadas por orden judicial.
En un comunicado, la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, ha mostrado su “alegría” al conocer el auto judicial de la mano de los demandantes, Ecologistas en Acción, miembros ambas colectivos de la Plataforma contra el superpuerto.
Para la líder cántabra de IU, la paralización supone “dar veracidad al relato de la Plataforma”, que siempre ha buscado el desarrollo local de San Vicente de forma respetuosa con el medio y que ofrezca garantías sociales a sus habitantes”.
Pese a las alternativas propuestas tanto por la Plataforma como por IU a través de Martín Chaves, concejal de Obras, Servicios, Medio Ambiente y Medio Rural en San Vicente de la Barquera en la pasada legislatura, tanto el gobierno autonómico como el resto de partidos de la corporación local de entonces –PP, PRC y PSOE-, “no mostraron ni una sola pega al proyecto del puerto que ahora los tribunales han paralizado”.
“El esperpento que quieren poner en mitad de la ría San Vicente y que ahora un juez manda paralizar lleva la firma de José María Mazón como consejero de Obras Públicas en la pasada legislatura”, indica Martínez, quien recalca que “el hoy diputado en el Congreso de los Diputados que se queja cuando el tren le deja tirado ha enfocado toda su trayectoria política –lleva desde los años noventa ligado a la misma consejería como secretario general, director general o consejero- a la macroconstrucción y el despilfarro mientras olvidaba las verdaderas necesidades que tienen las Cercanías y el tren”.
“Con el beneplácito del presidente, Miguel Ángel Revilla, se han cometido en Cantabria las mayores barbaridades urbanísticas y aquí no pasa nada”, criticaba.
Martínez recuerda, además, la intervención del Parlamento Europeo en esta cuestión tras la petición de IU a finales de 2017. Entonces, la respuesta desde Bruselas fue que “la Directiva de Hábitats no prohíbe la realización de proyectos en los lugares Natura 2000, pero exige que cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a un lugar Natura 2000 se someta a una evaluación adecuada, y que solo pueda autorizarse tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión.”
Ahora IU recoge el guante del auto judicial que “considera probadas las consecuencias sobre el medio ambiente” al aludir a la “destrucción de dos hábitats de interés comunitario o las afecciones a los fondos marinos”, y retomará la vía política en este asunto, tal y como también hizo con las prospecciones mineras del proyecto ‘Salia’ en la comunidad “del que Emerita Resources ha huido y el gobierno autonómico da una patada hacia delante prometiendo y jugando con las esperanzas de miles de cántabros”.