El exministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha sido denunciado este miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción por su implicación en “el pelotazo” de la Operación Chamartín (ahora llamada ‘Madrid Nuevo Norte’).
El escrito de denuncia contra 28 responsables políticos y empresariales ha sido presentado este miércoles por el responsable de Economía de IU y exconcejal de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato, la portavoz de IU Madrid y diputada en la Asamblea de Madrid, Sol Sánchez, y la portavoz del grupo Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra.
Además de De la Serna, otros 27 responsables políticos y empresariales figuran como denunciados y se les acusa de la posible comisión de delitos tales como prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales públicos que habrían supuesto un quebrando para las arcas públicas de 2.780 millones de euros.
Los demandados son 8 ministros de Fomento –de Borrell a Ábalos, pasando por De la Serna–, dos presidentes de la Comunidad Autónoma de Madrid –Aguirre y González–, dos alcaldes de Madrid –Gallardón y Botella–, una concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, cuatro presidentes y dos directores generales de Renfe, cinco presidentes de Adif, un presidente de la empresa pública Canal de Isabel II, el expresidente del BBVA Francisco González y dos presidentes de la empresa privada DUCH-DCN.
“Los políticos de PP y PSOE se han dedicado a beneficiar durante 25 años a BBVA a costa de las Administraciones Públicas y cuando eso pasa, suele ser a cambio de algo”, opinan.
“Entre ellos, De la Serna es un claro exponente de esta forma de proceder y que también demostró como alcalde de Santander, una ciudad con gran parte de sus servicios públicos externalizados para beneficio privado, y con constructoras gozando de privilegios y adjudicaciones más que cuestionables”, incidían.
Entre las acusaciones que exponen en su denuncia se encuentran que el terreno afectado por el contrato se ha llegado a triplicar mientras que el precio se ha rebajado hasta llegar a ser la mitad del precio de mercado. “Un auténtico negocio para las entidades privadas y un perjuicio grave para las arcas públicas”, argumentan.
Además, la evolución del contrato durante estas casi tres décadas es “un claro trasvase de fondos públicos a privados”. “Mientras que, en los años 90, los terrenos no se podían revender y las indemnizaciones a los antiguos propietarios las pagaba la constructora, ahora hay vía abierta a revender los terrenos y las indemnizaciones las pagará el Estado”, apostillaban.