La formación afirma que la derogación de esta ley supone un retroceso en el reconocimiento, reparación y dignificación de los cántabros y cántabras víctimas de la guerra civil y de la represión franquista.
El grupo municipal IU-Podemos ha presentado una moción para la no derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática tras aprobarse el pasado 26 de septiembre en el Parlamento de Cantabria una PNL presentada por VOX que insta al gobierno regional a la elaboración de un proyecto de ley para derogar misma.
La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria nace con el objetivo de reconocer, reparar y dignificar a los miles de cántabros y cántabras víctimas de la guerra civil y el franquismo cuya memoria no ha sido aún reparada, tal como exigen los familiares de las víctimas, las asociaciones memorialistas y el conjunto de la sociedad de Cantabria.
“Esta ley es un instrumento necesario y eficaz para construir un futuro de convivencia y una sociedad apoyada en valores éticos compartidos frente a los discursos de la intolerancia”, afirma Borja Peláez, portavoz y concejal del grupo político.
Con su moción, desde Izquierda Unida-Podemos solicitan que no se olvide a las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, piden que no se repita lo que ocurrió en esa época de nuestra historia y recalcan que estas víctimas sufrieron de un “delito que no prescribe”.
Desde la formación IU-Podemos subrayan que la Ley de Memoria Histórica y Democrática “se enmarca en el conjunto de principios redactados por Naciones Unidas (ONU) para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. A su vez, la Constitución española indica en su artículo 10 que la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes son fundamento del orden político y la paz social, y que las normas relativas a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados internacionales sobre la materia ratificados por España”.
“Los poderes públicos “deben garantizar el reconocimiento a todas las víctimas independientemente de su significación política, dejando de lado cualquier posicionamiento o perspectiva ideológica” señala Peláez.
Por último, desde la coalición política advierten que la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática supone “la paralización de los protocolos de reconocimiento, reparación y dignificación de los cántabros y cántabras víctimas de la guerra civil y la represión franquista”.