Izquierda Unida ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley contra la pobreza y la exclusión social, la cual afecta a uno de cada cuatro cántabros (24,3%), según el índice AROPE.
El portavoz autonómico de IU en Cantabria, Miguel Saro, ha destacado la “necesidad y urgencia” de sacar adelante esta Ley dado el “grave escenario que existe en todo el país”, donde hay 12 millones de personas en riesgo de pobreza, que incluyen a 1 de cada 3 menores y jóvenes.
En referencia a Cantabria, los datos recogidos en el VII Informe anual del Estado de la Pobreza en España de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) indican que el 15,3% de la población está en riesgo de pobreza, el 7,5% tiene carencia material severa y el 16% vive en hogares con baja intensidad en el trabajo (relación entre el número de meses trabajados efectivamente por todos los miembros del hogar y el número total de meses que, en teoría, podrían trabajar como máximo todas las personas en edad de trabajar del hogar).
Con el objeto de revertir estas cifras, el coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, junto a la diputada y coordinadora de la iniciativa, Eva García Sempere, y el responsable federal de Políticas Económicas de esta misma formación, Carlos Sánchez Mato, ha presentado esta iniciativa, plasmada en 33 artículos y varias disposiciones, y que desarrolla actuaciones concretas en materia de empleo, sanidad, educación, prestaciones sociales, vivienda, suministros mínimos vitales, vivienda o contra la exclusión en el ámbito rural.
Esta última cuestión, la exclusión en el mundo rural, “es de elevada importancia en una tierra como Cantabria, eminentemente rural”, indica Saro, quien especifica que “no es posible combatir igual la pobreza en todos los sitios, en el ámbito urbano como Santander o el rural como cualquier pueblo del interior y sur de la comunidad”.
Entre otras cuestiones, la proposición de ley regula, por ejemplo, la garantía del derecho al acceso a los suministros básicos de agua potable, gas o electricidad a personas y unidades familiares en situación de pobreza o exclusión social. Fija unos mínimos de consumo vitales y un sistema público de precio social, mandatando al Gobierno para hacer un Plan concreto contra la pobreza energética.
Saro también ha apuntado la importancia de “crear empleo desde lo público para poder blindar un salario mínimo en lo privado” o de, como propugna la Unión Europea, “invertir de forma decidida en la infancia para romper con la desigualdad de manera efectiva.
En cuanto a la forma de abordar económicamente estas medidas, además de la creación de empleo público que se traduciría en mayores cotizaciones y dinamismo en la economía, desde IU defienden que “es perfectamente posible afrontarlo sólo igualando el nivel de ingresos medio de la Unión Europea, del que ahora estamos nueve puntos por debajo”.
Para finalizar, el portavoz de IU recuerda que resolver esta situación implica “el trabajo constante” desde todos los niveles de la Administración, por lo que insta al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a que abandone la política “de gestos y poses” y contribuya a atajar el problema “utilizando las herramientas y competencias con las que su Gobierno cuenta” y así poder dar respuesta a las personas que peor lo pasan en la comunidad: uno de cada cuatro cántabros está en riesgo de pobreza -cuando no en la pobreza directamente- y de exclusión social”.
[Audio] Miguel Saro, portavoz de IU Cantabria