Izquierda Unida ha presentado al Gobierno de Cantabria 18 aportaciones al Plan de Movilidad de Transporte de Cantabria con el fin de hacerlo “sostenible” y reforzar el servicio público, “especialmente en el medio rural”.

La coalición cántabra realizó sus alegaciones la última semana, durante el trámite de consulta pública previa a la futura regulación, siendo competencia exclusiva de Cantabria los transportes por carretera cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad, incluidos los intra-autonómicos, bajo el principio de colaboración administrativa.

En su escrito, la izquierda cántabra pretende que la norma regule también la planificación, ejecución y mantenimiento de las infraestructuras de transporte autonómico y la provisión de los servicios de transporte público interurbano de viajeros.

Además, considera que deberá fijar criterios de promoción de patrones equilibrados de movilidad urbana, en especial en relación con los desplazamientos a pie y en otros modos no motorizados, consecuencia de la urgencia climática y la necesidad de reducir las emisiones, en consonancia con la mayor concienciación ambientales de ciudadanos y empresas.

Destacan como uno de los objetivos el de garantizar a la población interior de Cantabria el acceso a los servicios públicos esenciales mediante transporte público, especialmente con medidas coordinadas que comprometan el transporte discrecional.

Además, plantean establecer como obligación legal la fijación de planes temporales plurianuales en materia de inversión en infraestructuras de transporte, que cuenten con un procedimiento de participación pública ciudadana y de entidades locales en su fase de redacción fijada en la propia norma.

Plan de Transporte Público, Consorcio de Transportes y Planes sectoriales

IU incluye en sus aportaciones el desarrollo de varias herramientas que “permitan desplegar todos los objetivos fijados”, como el Plan de Transporte Público de Cantabria, que será el instrumento de ordenación general del sistema de transporte en dicho ámbito y que se coordinará con la planificación estatal y municipal.

A través de un Consorcio de transporte se pretende fomentar la intermodalidad y facilitar los desplazamientos a través de la totalidad de la red de transporte público existente en el territorio autonómico.

También sugieren la creación de Planes sectoriales de movilidad de ámbito local y autonómico, que concreten los objetivos planteados en la futura ley y, en particular, el paulatino progreso hacia patrones más equilibrados de movilidad, con participación creciente de los modos no motorizados y del transporte público que deberá ser accesible.

Movilidad urbana, restricción al transporte pesado en las ciudades y Planes ciclistas

En materia de movilidad urbana, defienden favorecer la movilidad peatonal, fijando ratios máximas de tránsito y estacionamiento de vehículos convencionales en vías públicas para las zonas más densamente pobladas de los núcleos urbanos, favoreciendo las zonas centrales sin vehículos.

Igualmente, la norma “debería implantar medidas de restricción al tráfico pesado en las ciudades”, con el fin de favorecer el uso de vehículos no contaminantes para el ‘reparto de última milla’.

Para IU la norma deberá incluir Planes Ciclistas con los que los Ayuntamientos diseñen y ejecuten infraestructuras ciclistas seguras junto a las administraciones competentes en carreteras e infraestructuras de transporte. Plantean, además, que en los municipios mayores de 1000 habitantes se prevean emplazamientos “específicos, seguros, protegidos y accesibles” para el estacionamiento de bicicletas en los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva de nueva construcción, así como aparcamientos públicos en zonas urbanas residenciales, con servicios públicos o centros de trabajo.

Desarrollo de la Ley de Comarcas y normativa ambiental y creación de la Ley del Taxi

Entre las propuestas hechas al Gobierno de Cantabria recogen la necesidad de desarrollar la Ley 8/1999, de 28 de abril, de Comarcas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con competencias en transporte y “herramienta útil para la coordinación de transporte entre núcleos poblacionales contiguos”.

Además, subrayan que la futura normativa deberá recoger medidas en materia ambiental, en coordinación con la normativa existente “o la que todavía brilla por su ausencia a pesar de lso anuncios hechos, como una Ley de Cambio Climático autonómica o una Estrategia de economía circular y bioeconomía”.

Por último, instan al Ejecutivo a que cree una Ley del Taxi que desarrolle las condiciones específicas de este sector “con importancia en el ámbito escolar y las zonas urbanas y rurales”, incluyendo las ligadas al Plan de Movilidad de Transporte de Cantabria.