Jorge Crespo pide al gobierno autonómico que inicie cuanto antes los expedientes de responsabilidad patrimonial para reparar a los afectados que actuaron de buena fe.
El coordinador de Izquierda Unida en Cantabria ha calificado de “alarde de cinismo” la proposición no de ley que ha partido del grupo parlamentario popular de pedir perdón a las víctimas de los derribos en Cantabria y que ha sido aprobada por el PP, PRC y PSOE en el parlamento cántabro. Crespo sostiene que el PP es, junto al PRC, el principal responsable de los desatinos urbanísticos que han provocado cientos de sentencias judiciales de derribo en el territorio de Cantabria.
Para Jorge Crespo, la propuesta supone que los perpetradores y cómplices de algunos de los más graves ataques contra el medio ambiente de las últimas décadas, representados en el Parlamento cántabro por el PP y el PRC, se laven la cara ante los compradores de viviendas afectados por los derribos. “Ignacio Diego se ve incapaz de mantener las promesas que realizó a los afectados antes de las últimas elecciones, algunas de ellas contrarias a la legalidad, por lo que ahora se arroga una ilegítima superioridad moral para arrodillar al resto de grupos en una ridícula oración de perdón”, indica Crespo.
“Lo que deberían haber hecho el PP y el PRC era perseguir a los responsables de planes urbanísticos surrealistas y licencias ilegales, y no homenajearles, como al señor Pacheco”.
Crespo ha señalado también que este acto de falsa contrición es uno de los “dogmas de fe del catecismo del PP y PRC”. Así, para el coordinador de IU Cantabria, el PP y PRC siguen al pie de la letra sus principios cuando alcaldes y diputados del PP y PRC otorgaban en las décadas pasadas “indulgencias plenas” a promotores inmobiliarios compradas con maletines, y los representantes de sus partidos reciben ahora al “espíritu santo” pidiendo perdón por sus hechos.
Para el coordinador de Izquierda Unida, estos hechos deberían de causar bochorno y repugnancia a cualquier cántabro que conozca las aberraciones que durante los últimos 20 años se han realizado en la costa. Continúa Crespo diciendo que “lo que necesitamos los afectados, tanto todos los habitantes de Cantabria por el ataque al medio ambiente, como los compradores, es una efectiva acción preventiva de control de la legalidad urbanística, y no una ceremonia de arrepentimiento colectiva”. Desde Izquierda Unida exigiremos al gobierno que actúe acorde con sus responsabilidades y ejecute las sentencias.
La formación también reprocha al PSOE su participación tanto en los atropellos contra el medio ambiente como en los lavados de cara con fines puramente electoralistas, como ha demostrado al aceptar el “paripé” propuesto por el PP y PRC. Según Crespo, el PSOE se retrató perfectamente en su impulso de la inútil Ley de derribos de 2011, declarada inconstitucional, que fue tan sólo “un gesto cosmético de cara a las últimas elecciones autonómicas”.
Adelanto de indemnizaciones a los afectados
Con respecto a las indemnizaciones y reparaciones a los perjudicados, Izquierda Unida considera que deben de otorgarse en base a expedientes administrativos y siguiendo la legalidad, a todos aquellos que, actuado de buena fé, hayan sufrido la pérdida de sus inmuebles. Por ello, Jorge Crespo considera que “las soluciones generales son contrarias a los principios elementales del derecho, y sólo sirven para lavar la cara de los partidos presentes en el parlamento a costa de los recursos de todos los cántabros”.
Crespo ha reclamado que de una vez se inicien de oficio expedientes de responsabilidad patrimonial de la administración, y se proceda también en estos a perseguir a los alcaldes y técnicos municipales que hayan podido tener responsabilidad personal en estos hechos para que respondan con su propio patrimonio del daño causado al interés general y al de los compradores.
Por último, el coordinador de Izquierda Unida ha pedido la inmediata restitución de la legalidad urbanística y medioambiental, y ha reclamado al Gobierno de Cantabria que ponga los medios para que las administraciones y demás responsables de las ilegalidades cumplan las sentencias.