Izquierda Unida de Cantabria ha reclamado que retome “sin demoras” la Ley de “Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género”, conocida como Ley LGTBI, y que se quedó sin aprobar por las “excusas y trabas de todos los grupos del parlamento” en la pasada legislatura.

La coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, ha recordado este 28 de junio, Día del Orgullo, que Cantabria es una de las 5 comunidades autónomas que no cuenta con una Ley LGTBI y culpa a todos los grupos del parlamento en la pasada legislatura, con especial responsabilidad “a quien manejaba y seguirá manejando el calendario legislativo, el PRC”.

“Los prolongados trámites, algunos de ellos en exceso, la abultada petición de comparecencias al final de la legislatura o los cambios en la composición de la comisión responsable de esta ley impidieron su aprobación y esto tiene responsables: todos los grupos del parlamento por activa o por pasiva”, criticaba Martínez.

Comenzada la nueva legislatura, la líder de IU afirma que “no hay excusas para seguir siendo una comunidad sin esta Ley, siendo parte de la excepción”, y por ello, espera que el Gobierno “cumpla de una vez por todas con una parte de nuestra sociedad, históricamente oprimida, que reclama más derechos y políticas que combatan la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género”.

“Cada día que pasa Cantabria sin esta legislación, es un día perdido”, asegura, ya que, en la redacción de la Ley, entre otras cuestiones, se pretende reconocer el derecho de los menores LGTBI a su propia identidad de género y orientación sexual dentro del proceso de formación de su personalidad, garantizando por parte de la Administración la educación inclusiva o el apoyo sanitario en todo el proceso vital.

Izquierda Unida recuerda también que esta normativa recoge sanciones, así como inhabilitación y suspensión de servicios para aquellos que no respeten a las personas LGTBI, como sería el caso del sacerdote que imparte cursos para curar la homosexualidad en un convento de Ruiloba.

La ley, que recoge medidas que ampara a todas las víctimas de discriminaciones y agresiones por identidad u orientación sexual en cualquier ámbito, además “es una muestra de que las conductas discriminatorias y los delitos de odio cuentan con el rechazo legal, institucional, político y social”, ha señalado Martínez.

“El Gobierno PRC-PSOE tiene mayoría suficiente para sacarla adelante, no hay excusa que valga. Cada día que pase sin aprobarse de forma injustificada, será un día en el que el Gobierno sigue dando la espalda a una parte importante de la sociedad cántabra”, ha sentenciado.