Ambas formaciones han reclamado conocer los avances del Plan de Vivienda de Santander, del que no han sido informados desde la pasada legislatura.
Los grupos de PSOE e Izquierda Unida-Podemos en Santander han registrado una moción para pedir que la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) sea dotada con la capacidad de adquirir y gestionar una parte del parque público de vivienda para que se destine únicamente al alquiler asequible.
En el texto, que se debatirá el próximo jueves en el pleno municipal, ambas formaciones destacan que, durante la pasada legislatura, se perdieron varias oportunidades para crear una bolsa de vivienda de alquiler pública, con el rechazo de varias propuestas presentadas y rechazadas por el equipo de Gobierno.
Ambos partidos coinciden en que el modelo de la SVS se puede ampliar si una parte de las viviendas del parque público se convierten en propiedad municipal y se ofrecen en rotación, con un alquiler más reducido entre la población joven o con menores recursos, como ya han comenzado a hacer otros ayuntamientos como Sevilla o Málaga.
Tras meses de reclamaciones por parte de sus representantes en la empresa pública, Ainara Bezanilla y Javier González de Riancho, los partidos han decidido acudir al pleno para emplazarlo a modificar el objetivo de la SVS, y que en este se incluya la capacidad de gestionar este tipo de oferta de vivienda. Además, ambos partidos coinciden en que no solo es necesario dotar a la SVS de herramientas normativas, sino también de una inversión suficiente para adquirir inmuebles y destinarlos exclusivamente para el uso de alquiler asequible.
En la moción, ambas formaciones han criticado el precio del parque público de la vivienda en las promociones de alquiler con opción a compra que, en el más barato, es de 550 euros, con IVA y comunidad. Esto supone que estas viviendas quedan a un precio muy similar al del mercado libre.
“Estos precios rompen continuamente el criterio de asequibilidad, ya que aquellos con las rentas más bajas, los que cobran el salario mínimo interprofesional, deben dedicar más del 50% de su nómina al pago de la vivienda; lo que reduce su capacidad de optar a esta oferta pública”, ha criticado el concejal de Izquierda Unida-Podemos, Keruin Martínez.
Asimismo, Martínez ha destacado que, “actualmente, la SVS está infrautilizada y el modelo de vivienda del PP es el de la burbuja inmobiliaria de hace 20 años, por lo que no es válido para tratar los actuales problemas de acceso a la vivienda, y que derivan de esos excesos”. Según el edil, con el modelo actual “se ayuda a un número más limitado de familias”, cosa que mejoraría si el Consistorio mantuviera la gestión y control de los alquileres, “ya que se podría llegar a más personas y se protegería verdaderamente a sus inquilinos”.
En la moción, las formaciones han pedido revisar los criterios de renta y padrón tenidos en cuenta para acceder al concurso de una Vivienda de Protección Oficial. El concejal del Grupo Socialista y representante del partido en la SVS, Javier González de Riancho, ha puesto el foco en las declaraciones del equipo de Gobierno sobre las viviendas del Nuevo Alisal, donde han asegurado que eliminarán el requisito de empadronamiento previo. “El PP siempre ha dicho, en todos los proyectos de vivienda pública que se han presentado, incluso cuando los ha promovido el Gobierno de Cantabria o el Gobierno de España, como en El Campón de Peñacastillo o en La Remonta, que las VPO tienen que ser para los santanderinos, lo que demuestra que este caso es una clara contradicción, que tiene que ver con la urgencia del PP de maquillar las cifras de población”, ha criticado el edil socialista.
En el caso de la renta, González de Riancho ha señalado que “el PP ha marcado un máximo de 37.800 euros de renta, lo cual está muy por encima del salario medio de Santander”, lo que, en su opinión, evita que estas viviendas vayan a la población destinada, “lo que supone vivienda para la especulación”.
Así, ambos grupos han emplazado al Ayuntamiento a concluir el Plan de Vivienda de Santander, cuyo diagnóstico, que data de hace dos años, temen que esté ya caducado. Por ese motivo, han pedido una revisión y actualización, y que se tengan en cuenta las distintas alegaciones y aportaciones presentadas por los distintos grupos políticos en la fase de elaboración.
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Keruin Martínez, concejal de Izquierda Unida-Podemos en Santander: