Izquierda Unida de Cantabria presentará mociones para garantizar que los ayuntamientos y mancomunidades cumplen con la filosofía que emana de la orden de corporaciones locales, es decir, el cumplimiento de una serie de prioridades de tipo social encaminadas hacia la contratación de trabajadores y trabajadoras.
Alfonso Sánchez, secretario de Política Institucional de IU Cantabria, explica que la orden de corporaciones, cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE) y el FSE de Empleo Juvenil, “pretende un fin social para estas contrataciones, incidiendo en los colectivos más sensibles”, como son, el de los jóvenes que acceden al mercado laboral sin experiencia y los parados mayores de 45 años de larga duración o la contratabilidad de la mujer.
En palabras de Sánchez, “esta última prioridad debería ser especialmente considerada en los ámbitos rurales, donde las tasas de desempleo femenino se disparan y la figura de la mujer trabajadora es especialmente sensible”.
Según explican desde IU, la contratación acogiéndose a la orden de corporaciones ha sido controvertida desde un inicio. Los primeros problemas se dieron por la negativa de los ayuntamientos de complementar el salario de los contratados hasta el 100% de lo que dicta el convenio, alegando diversas razones. La Justicia ha estimado en todos los casos la demanda de los trabajadores a los consistorios, haciendo pagar a los municipios la diferencia entre lo que aporta el Gobierno de Cantabria y el salario de convenio.
Pero recientemente, los ayuntamientos, ignorando la filosofía social de las contrataciones y amparándose en una interpretación interesada de la orden, obtienen del Servicio Cántabro de Empleo los listados de desempleados genéricos para la contratación y realizan pruebas de selección en base a criterios concretos que no priman la prioridad o riesgo social, sino el rendimiento.
A juicio del responsable de IU, esta medida se aplica principalmente en los municipios inferiores a 2000 habitantes, la mayoría de los de Cantabria, aquéllos, precisamente, “en los que es más necesaria la empleabilidad de la mujer y los ayuntamientos lo realizan así, en teoría, por la escasez de aspirantes”.
Desde la formación de izquierdas sospechan que las contrataciones en muchos municipios se realizan evitando cumplir con la filosofía de la orden, y buscando resquicios legales para colocar a aspirantes desempleados en general, por diversas razones.
Pero de igual forma, IU recuerda que “si bien los desempleados en general pueden acceder a estas contrataciones, es evidente que el mismo texto marca colectivos más sensibles”.
Con esta moción, IU exige que las personas que cumplen con las prioridades, en todo caso, sean automáticamente contratadas, dejando hipotéticas pruebas “solamente para el caso en que sean imprescindibles para el resto de desempleados”.
“Otra triquiñuela de los ayuntamientos es contratar por menos de 6 meses, aludiendo que así se contrata más personal, en lugar de los 6 meses que, además de otorgar trabajo durante medio año a los trabajadores, les permite percibir una ayuda al finalizar el contrato”, criticaba Sánchez. “Ésta es, claramente, otra medida que va contra la idea de la orden, teniendo en cuenta el perfil social de las ayudas”.
Por ello, la moción que IU Cantabria promoverá en los ayuntamientos y mancomunidades para el próximo ejercicio de 2019, afirma que ya se ha presentado en la Mancomunidad del Nansa para un proyecto de este 2018 “y se espera su estimación completa, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones salariales, de la temporalidad a seis meses de contrato, y la contratación de personas prioritarias, sin pruebas distorsionadoras y directamente del Servicio Cántabro de Empleo para el futuro”.