Para Izquierda Unida se trata de una cuestión puramente política e ideológica que el PP trata de esconder con motivos técnicos que no se ajustan a la realidad.

Jorge Crespo, concejal de IU en el Ayuntamiento, se ha pronunciado de forma contundente sobre la medida: “el PP ha tomado una decisión política de carácter neoliberal que va a favorecer a los bancos, que asumirán el control de los tributos a costa del dinero público de todos los camargueses”. Crespo critica también el hecho de que el banco que asuma el servicio va a tener acceso a datos sensibles de los contribuyentes, por lo que podría generarse un problema de privacidad que ahora mismo no existe.

Así mismo, IU considera falso el hecho de que al Ayuntamiento le vaya a costar lo mismo privatizar el servicio que asumir directamente su gestión. Ya que, ahora mismo el trabajo lo hacen los funcionarios sin coste adicional y con esta medida se van a pagar 92.000€ más durante la legislatura. “Esto va en contra de la austeridad que tanto ha predicado el PP cuando estaba en la oposición”, sentenció Crespo.

Aún más grave es el hecho de que, según Crespo, el informe que se ha presentado para tratar de justificar esta decisión es poco riguroso y no realiza un análisis de la carga de trabajo a la que realmente están sometidos los funcionarios y los desprecia. “En Izquierda Unida confiamos en la capacidad de los funcionarios del Ayuntamiento” afirma Crespo, “si su carga de trabajo fuese excesiva habría que convocar otra plaza, lo cual sería más barato y eficiente que privatizar el servicio”. No obstante, Crespo recuerda que en el anterior pleno se acaba de aprobar la ordenanza reguladora de la Sede Electrónica que permitirá hacer pagos por Internet y hará que descienda la actividad en el servicio y, por tanto, la carga de trabajo de los funcionarios.

Por otro lado, la formación se cuestiona la propia legalidad de la medida, que podría violar la Ley 57/2003 de medidas de modernización de la administración local que obligaría al Ayuntamiento a tener que asumir directamente la gestión de sus propios tributos. Además, existe jurisprudencia al respecto contraria a la privatización de los servicios de cobro tanto en período voluntario como por la vía ejecutiva.

Finalmente, Crespo ha criticado que una cuestión de tales características se haya tomado de espaldas al Pleno y realiza una última reflexión: “cada vez que el PP privatiza un servicio público no hace sino confirmar su propia incapacidad para gestionarlo y cuestionar su legitimidad para seguir cobrando salarios desproporcionados”.